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Liberty Reserve

Actualizado el 03 de noviembre de 2013 a las 12:00 am

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Liberty Reserve

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De paso por España y leyendo el diario El País , inevitablemente me llama la atención un artículo que destaca el nombre de Costa Rica. Se trata de una nueva dimensión, ahora diplomática, del sonado caso de lavado de dinero y crimen organizado: Liberty Reserve.

Como recordarán, hace algunos meses se realizó un operativo internacional que involucró a varios países, entre ellos Estados Unidos, España y Costa Rica, que devino en el desmantelamiento de la que ha sido señalada por autoridades de varios países como la más grande operación de lavado de dinero del mundo.

Confieso que es difícil digerir que nuestro país haya sido utilizado como plataforma de lavado por grupos del crimen organizado, pero lo es aún más cuando la noticia es abordada en el exterior por medios tan prestigiosos como El País .

Liberty Reserve despierta un crisol de sentimientos ambivalentes, algunos positivos, otros no tanto. En lo positivo, el orgullo de que varios de nuestros bancos y autoridades policiales tuvieran la capacidad de detectar y denunciar los movimientos de capital sospechosos ($6.000 millones, según reporta la Fiscalía de Nueva York), cuya activación derivó en la compleja intervención internacional de desmantelamiento.

En su cara negativa, además del uso de nuestro territorio como plataforma para el crimen, la instalación de las oficinas en un prestigioso complejo donde, paradójicamente, están asentadas las oficinas de la Sugef, así como también la obtención de la nacionalidad costarricense por parte de uno de los involucrados, mediante el matrimonio por conveniencia, un reconocido ardid que, al parecer, es el favorito de los mafiosos para tratar de escabullirse de la justicia internacional.

El Gobierno de Rusia, al mejor estilo de los 80, quiere exponernos a un nuevo enfrentamiento entre potencias, en el que presiona a nuestras autoridades diplomáticas a desconocer el proceso de extradición del ruso Maxim Chukharev a los Estados Unidos, tramitado por las autoridades judiciales de ese país ante Costa Rica.

Acertadamente, nuestro Gobierno no se deja amedrentar y, con el más absoluto respeto de la división de poderes, hace respetar el ámbito de acción jurisdiccional para decidir la procedencia, o no, del proceso de extradición.

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Valga el triste episodio de Liberty Reserve para reforzar nuestras instituciones financieras, policiales, judiciales y diplomáticas, y el quehacer democrático sustentado en la separación de poderes. Igualmente, validar la necesidad de cerrar todos los portillos legales y reafirmar a los infractores internacionales el firme mensaje de que no los queremos en Costa Rica.

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