Opinión

Liberación de reclusos

Actualizado el 26 de abril de 2016 a las 12:00 am

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Yo vivo en despoblado. Cada vez que llego tarde o salgo de madrugada me asalta el temor de ser embestido por los autores de delitos contra la propiedad que he (varias veces) denunciado. Sé que andan sueltos. Y, la verdad, eso me causa gran desazón, incrementada al saber que les abrirán la puerta a muchos otros.

Me dirán: si tiene miedo, compre perro. Pues sí, compré un sabueso grandísimo, con mirada liosa y cara de malhechor (Melchor, se llamaba), pero también me lo robaron. ¡Qué ironía! Otro, me mordió por llegar tarde. Llamé al 911, pero me inculparon a mí por maleducarlo. Lo encadené. Intervino la Sociedad Protectora de Animales y liberaron al perro (a mí casi me mandan al bote).

No, ya en serio, me preocupa que un juez emitiera una resolución ordenando la liberación de 380 privados de libertad en un plazo perentorio de dos meses. Si la incumplen, se expondrían a duras penas por desacato a la autoridad (están jodidos). Pero si la cumplen, los jodidos seremos nosotros. En vez de ganar- ganar, estamos en la triste alternativa de perder-perder.

La respuesta del Ministerio de Justicia fue emitir una directriz suavizando los criterios para la liberación. Antes, únicamente soltaban a quienes tenían solo una condena, eran poseedores de algún trabajo y susceptibles de cumplir la sentencia en menos de cinco años; ahora, también van por la libre quienes sean reincidentes (¡qué horror!) y cumplan una pena de siete años, aunque no tengan oficio. ¿Cuál es el mensaje? Que delinquir no tiene penas severas en Costa Rica. Dirán los cacos: ¡Viva la impunidad!

Sabemos que existen límites presupuestarios para atender a los reclusos y que hay 4.187 de más. También sabemos que son todos los que están (pero no están todos los que son) y se han tergiversado las funciones esenciales del Estado. Antes, la seguridad era una de ellas; ahora, no. Se privatizó. No hay persona, empresa ni unidad productiva que no costee su propia seguridad para proteger sus bienes, mientras que el presupuesto se destina a muchas cosas innecesarias, como publicidad y propaganda.

Asegura el diputado Mario Redondo que, en Seguridad, gastan en consultorías millonarias hasta cinco millones al mes, pero no hay recursos para construir cárceles ni comprar pulseras de seguridad. El Gobierno presiona por nuevos impuestos para atender mejor las necesidades de la seguridad. Y yo que creí que su destino era disminuir el déficit fiscal y evitar alzas en las tasas de interés (¡qué ingenuo!). La reforma fiscal también debe replantear las funciones del Estado.

Jorge Guardia es abogado y economista. Fue presidente del Banco Central y consejero en el Fondo Monetario Internacional. Es, además, profesor de Economía y Derecho Económico en la Universidad de Costa Rica

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Jorge Guardia

Abogado, economista y columnista de La Nación. Fue presidente del Banco Central y consejero en el Fondo Monetario Internacional. Es además profesor de economía y derecho económico en la Universidad de Costa Rica.

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