Pero también las hay malas: el proyecto sobre empleo público está perdiendo dientes; la reducción en las pensiones de lujo se ha vuelto más light y deberá superar múltiples recursos constitucionales, y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) pretende que el próximo año su planilla suba de 1.020 a 1.865 plazas, luego de que los tribunales ordenaran a Hacienda cumplir con el mandato legal de entregarle el 7% de la recaudación por renta.
La primera noticia positiva tiene que ver con una mejor gestión tributaria (¡bien por Hacienda!); las dos restantes, con vías para generar más ingresos. Las tres negativas, sin embargo, revelan cuán lejos estamos aún de aprobar cambios estructurales que permitan controlar la automaticidad del aumento en el gasto y hacerlo más eficiente.
Lo que está ocurriendo con pensiones y empleo público indica cómo en la pugna entre un Legislativo fragmentado, un Ejecutivo débil y gremios con capacidad de movilización, los intereses generales ceden ante los particulares. No es algo nuevo. Esto explica una parte de nuestra eterna crisis fiscal.
El caso del PANI es ejemplo de otra: los destinos fijos. Al otorgarle, hace años, la bicoca del 7% de renta, no hubo estudios sobre su capacidad de gestión (mala), su real aporte a la niñez (discutible) o el costo fiscal y social de ese desvío de recursos (enorme). Fue un ejemplo típico de legislación sin mapa ni brújula.
En buena teoría, temas tan gruesos como estos, además de muchos otros de índole estructural y hasta mental, deberían ser el eje de la discusión política y electoral. Así lo recomienda, por ejemplo, el último Informe sobre el Estado de la Nación. Pero los augurios son malos, y solo podrán cambiar en lo inmediato si los diputados, con apoyo del Ejecutivo, asumen a fondo su papel de legisladores y generan soluciones de mayor calidad y calado. Por ahora, prevalece el juego corto.
(*) Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).