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Actualizado el 15 de junio de 2014 a las 12:00 am

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La mitad de los jueces limonenses ganaron la plaza por inopia. No se constató a plenitud el cumplimiento de los requisitos exigidos porque no pasaron por el proceso de selección establecido. Además, el Tribunal de Juicio enfrenta unos 2.000 asuntos y, para atenderlos, hay tres jueces con nombramientos temporales.

La ley faculta al Poder Judicial para hacer nombramientos en ausencia de personal idóneo y la práctica lo exige. La falta de jueces conduce a la impunidad por vía de la prescripción y entorpece la satisfacción, hasta donde es posible, del principio de justicia pronta y cumplida.

Los nombramientos por inopia, por otra parte, incrementan las posibilidades de errores técnicos, también capaces de desembocar en la impunidad o, peor aún, en la injusticia. Si al panorama se suman casos de presunta corrupción, como el de la jueza recientemente detenida por supuesto tráfico de influencias e infracción de la ley de psicotrópicos, el panorama es desolador.

La gravedad de la situación de la judicatura limonense se magnifica al considerar las necesidades de la provincia donde, en palabras de uno de los jueces, la delincuencia convencional es baja, pero los riesgos son altos. En Limón hay crimen organizado, en su mayor parte vinculado con el narcotráfico, y con frecuencia los jueces corren peligro.

El temor se suma a las inconveniencias del traslado a otra región del país para limitar la oferta de abogados dispuestos a brindar servicios en los tribunales del Atlántico. Consciente del problema, la Corte procura establecer un programa de incentivos capaz de atraer jueces de calidad. El esfuerzo es digno de reconocimiento, pero el problema de fondo, en cuanto toca a la violencia, exige mucho más, no solo en beneficio de la calidad de la judicatura sino, también, de la calidad de vida de los limonenses.

La poca disposición de los jueces a aceptar plazas en la provincia es tan solo un síntoma. Es un síntoma grave, claro está, porque, si los jueces no pueden sentirse seguros en la ciudad porteña, apenas hace falta ahondar en el sentimiento de la ciudadanía en general.

Limón merece más y, si sus necesidades son mayores, los recursos destinados a satisfacerlas deben corresponderse con esa realidad. No se trata de una respuesta exclusivamente policial. Importa, también, el cumplimiento de promesas como las contenidas en el proyecto Limón-Ciudad Puerto, a punto de fracasar por el paso de los años, sin avance ni ejecución de los fondos disponibles. El presidente Solís ofreció renegociar los plazos. Es importante hacerlo sin demora y, luego, empeñarse con el mismo entusiasmo en la construcción de las obras.

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Armando González R.

agonzalez@nacion.com

Editor General Grupo Nación

Laboró en la revista Rumbo, La Nación y Al Día, del cual fue director cinco años. Regresó a La Nación en el 2002 para ocupar la jefatura de redacción. En el 2014 asumió la Edición General de GN Medios y la Dirección de La Nación. Abogado de la Universidad ...

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