Opinión

Inflación, salud y educación

Actualizado el 07 de mayo de 2015 a las 12:00 am

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Resulta que no hubo inflación en el mes de abril y podemos decir que hay estabilidad de precios en lo que va del año. El índice de precios al consumidor que calcula el Instituto Nacional de Estadística y Censos mostró, más bien, una ligera disminución. Sin embargo, no todo es fiesta. Mientras la mayoría de los bienes y servicios se abarataron, los servicios de salud y educación privados siguieron encareciéndose.

Lo malo es que la situación no es circunstancial; viene de rato atrás. Desde el 2006, solo el precio de los cigarrillos trepó más rápido que la educación y, échenle pluma, la salud se encareció de manera similar a salir a comer fuera.

Cuando se compara el costo de los servicios de salud y educación privados de aquí con el del resto de América Latina, estamos siempre en el podio de los más caros, al eliminar el efecto que producen las lógicas diferencias en los ingresos y niveles de precios que hay entre nuestros países. Somos medalla de bronce en educación (Brasil es el primero), medalla de plata en servicios médicos (otra vez Brasil nos gana) y medalla de oro en el costo de los servicios de hospital, salarios en el sector salud y servicios dentales.

¿Por qué continúan encareciéndose los servicios de salud y la educación privados aun cuando hay estabilidad de precios? No conozco la respuesta y podríamos elaborar distintas especulaciones con tintes de verosimilitud (otra cosa es que sean ciertas).

Una hipótesis pondría énfasis sobre la calidad: los proveedores privados hacen cuantiosas inversiones en infraestructura y equipos que encarecen los servicios, pero mejoran su calidad. Otra contraria pondría el foco sobre la especulación: que como la mayoría de los clientes son familias de clase media alta para arriba y nadie regula el precio de servicios, les cobran todo lo que se puede pues “pa’ eso” tienen plata.

Entre calidad y especulación existe un océano de explicaciones posibles. El asunto amerita una discusión pública por varias razones. Primero, porque casi no se conocen datos sobre los precios y las calidades de los servicios que permitan orientar las decisiones de los consumidores (poca transparencia de mercado). Segundo, los proveedores de servicios de educación y salud privados reciben trato fiscal especial en virtud de la importancia de sus actividades.

Lo mínimo que podría pedirse es que se sepa qué es exactamente eso que está recibiendo ese trato, no sea que, habiendo tanto proveedor en la viña del Señor, en algunos casos premiemos la mediocridad o la especulación.

*Jorge Vargas Cullel realiza gestión de investigación y colabora como investigador en las áreas de democracia y sistemas políticos. Es Ph.D. en Ciencias Políticas y máster en Resolución Alternativa de Conflictos por la Universidad de Notre Dame (EE. UU.); y licenciado en Sociología por la Universidad de Costa Rica.

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