Opinión

Hablemos de arroz

Actualizado el 27 de enero de 2015 a las 12:00 am

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Hablemos de arroz

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Invito a los lectores a participar en la discusión sobre la política arrocera. Hay un interés público involucrado.

Conarroz descalificó valiosos estudios del BID y la UCR, sobre la severa incidencia del proteccionismo arrocero en los consumidores más pobres, y del economista Bernal Jiménez Ch. bajo el argumento de ser parte interesada. Pero ¿no es Conarroz parte interesada? Claro que sí. Representa los intereses de los grandes productores e industriales. Por tanto, está descalificada.

El Gobierno, en El Financiero, afirmó que su política “parte de un análisis exhaustivo de los costos de producción, industrialización y comercialización, que no representan subsidios, como se quiere hacer creer a la población”. Pero eso no es así. Desde el punto de vista económico, sí son subsidios, y de los peores, pues implican trasladar recursos de un sector mayoritario de la población (consumidores pobres) a otro minoritario (productores e industriales ricos).

Según el Art. XVI del GATT, que refleja su filosofía de libre comercio, son subsidios “las acciones oficiales directas o indirectas que afecten las importaciones provenientes de otros miembros”. Después, por presión de países proteccionistas, se limitó la definición cuando el Estado no desembolsa el subsidio. De eso se valen ahora para decir que no están prohibidos por el GATT, e invocan la cláusula de salvaguarda para elevar impuestos.

El GATT, sabemos, está plagado de excepciones nocivas para permitir el proteccionismo. Pero eso no las convierte en una sana política económica.

Los análisis aludidos por el Gobierno para subir impuestos tampoco son de carácter económico, sino contable. Se basan en un listado de costos del productor nacional para concluir que en Costa Rica es más caro producir arroz que en otros países. Eso no es ningún hallazgo impresionante. Hace tiempo lo sabíamos. Significa que, en términos económicos, no tenemos una ventaja comparativa frente a la competencia del exterior, pues no somos tan eficientes. Pero, en vez de concluir usando la lógica económica y rebajar aranceles para poder comprar más, y más barato, más bien los aumentan. Luego, por decreto, bajan un 4% el precio del arroz en anaqueles para sugerir que los nuevos impuestos benefician al consumidor, pero tampoco corresponde a una medida técnica, sino arbitraria y populista. Para decretar la rebaja, no había que subir el arancel. Con el tiempo, veremos que el pretendido aumento de la productividad inducida por el Gobierno tampoco resultará en precios más favorables.

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Jorge Guardia

Abogado, economista y columnista de La Nación. Fue presidente del Banco Central y consejero en el Fondo Monetario Internacional. Es además profesor de economía y derecho económico en la Universidad de Costa Rica.

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