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Actualizado el 04 de noviembre de 2014 a las 12:00 am

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La peor noticia de la semana pasada fue el incremento de la pobreza y el estancamiento del desempleo en Costa Rica. Ambos se relacionan. ¿A quiénes debemos inculpar? ¿Qué hacer para revertirlos?

Recapitulemos las cifras implicadas en las malas nuevas: el índice de pobreza subió de 20,7% de las familias a un 22,4% y el desempleo se estancó en un 8,6% de la fuerza laboral. En términos absolutos, hay 33.000 familias pobres y 1.170.000 personas viendo hacia adentro desde el lado de afuera de la ventana.

La pobreza subió por dos factores: alto desempleo y bajo crecimiento de los ingresos. El primero se mantuvo elevado debido al magro crecimiento de la economía, incapaz de absorber más trabajadores de los que aporta la creciente fuerza laboral (incluyendo a inmigrantes), y, por esa misma razón, los ingresos se estancaron. Si la oferta de trabajadores supera la demanda de trabajo, los salarios no suben. Y, si agregamos la inflación (más alta en ese período), empezamos a comprender las relaciones negativas de causalidad.

¿Por qué no crece la economía? Una razón, inmanejable, es que la economía mundial ha bajado su expansión y, por tanto, sufren nuestras exportaciones, que son fuentes de trabajo. Además, el sector público, por sus avatares financieros, dejó de ser empleador de última instancia, y el resto del sector privado no encuentra suficientes estímulos, confianza, ni mejoras en la productividad para competir mejor en el exterior y penetrar mercados. En sencillo, el Gobierno (incluyendo los anteriores) no le ayuda a producir. No baja los impuestos a los combustibles para poder competir, el costo de la electricidad da grima, frena la cogeneración privada de energía y tampoco invierte en infraestructura por preferir dedicar sus recursos a aumentar los sueldos de la burocracia.

El Estado tampoco ayuda a los trabajadores, que son, a la vez, consumidores. Al final del Gobierno anterior, el BCCR no manejó bien la crisis cambiaria, intervino sin necesidad hasta provocar un overshooting , y motivó alzas en el IPC. Si hubiera permitido el ajuste más rápidamente, la devaluación habría sido menor, y el impacto en el IPC, más modesto en ese período de la medición. Tampoco quiso bajar el precio del arroz, esencial en la canasta básica, por proteger a los grandes productores e industriales (el ministro de Economía actual tampoco ha querido amarrarse los pantalones). El PAC y otros partidos políticos han satanizado la figura de la concesión, obligando al Estado a imponer impuestos para construir infraestructura directamente, afectando la inversión y consumo privados, y, por tanto, el empleo y la pobreza.

¡Estamos jodidos!

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Jorge Guardia

Abogado, economista y columnista de La Nación. Fue presidente del Banco Central y consejero en el Fondo Monetario Internacional. Es además profesor de economía y derecho económico en la Universidad de Costa Rica.

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