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Actualizado el 23 de septiembre de 2014 a las 12:16 am

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Muy acertada resultó la posición de la fracción legislativa del PUSC sobre el proyecto de presupuesto. Si el Gobierno no recorta ¢350.000 millones (a su entera discreción), no lo votarán afirmativamente. Al fin, están empezando a navegar solos, bajo el liderazgo creativo de Rodolfo Piza.

Dudo mucho –muchísimo– de que el Gobierno los complazca. Si desdeñó la propuesta elaborada por uno de los suyos, por un monto total ligeramente inferior (¢300.000 millones) y lo acusó de usar el hacha en vez del bisturí, no va a aceptar un recorte de mayor calado proveniente de la otra acera. Se vislumbra, desde ya, un impasse en la aprobación del presupuesto y un conflicto no claramente resuelto por la Constitución.

¿Qué pasa si el presupuesto no pasa? Tal vez, no pasa nada. Por eso, la fracción del PUSC debe ir un paso más allá: resistir la aprobación de nuevos impuestos, a menos que el Gobierno haga un esfuerzo conmensurable por el lado del gasto afectando la estructura fiscal, incluyendo (entre otras cosas) los pluses y demás privilegios de los empleados públicos, y reducir el crecimiento de la deuda pública a un porcentaje aceptable para organismos internacionales y las calificadoras de riego. El fin debe ser prevenir una crisis que afectaría más a los pobres.

Alternativamente, podrían apoyar los recortes anunciados en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, bajo la premisa de representar un ahorro cercano a un 1% del PIB y reducir el déficit potencial a un 5,7% del PIB. Pero serían insuficientes para enrumbar al país hacia la estabilidad y crecimiento. Por eso, esta opción alternativa debe ir acompañada de la misma negativa anterior a aprobar nuevos impuestos, a menos de ir acompañados de una reducción sustancial de gastos, sin sacrificar la inversión pública ni gastos sociales.

Veo, también, que otras fracciones legislativas se inclinan por tijeretear el presupuesto (con excepción del Frente Amplio, aliado incondicional del Gobierno). Liberación, Movimiento Libertario y otras fracciones menos numerosas se han matriculado con la idea sensata de parar la expansión fiscal y empezar a sentar las bases de un nuevo pacto fiscal. Pero ese nuevo pacto no podría ser liderado por un Gobierno dispendioso y con ideas confusas hacia dónde quiere llevar a Costa Rica. No sería de extrañar que el consenso emerja de la oposición. Y tampoco sorprendería el advenimiento de una nueva alianza opositora para controlar el Directorio Legislativo en mayo del 2015. Ya al Gobierno le dieron el beneficio de la duda y la oportunidad para conducir. Sería irresponsable permitirle dar palos de ciego en los próximos tres años.

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Jorge Guardia

Abogado, economista y columnista de La Nación. Fue presidente del Banco Central y consejero en el Fondo Monetario Internacional. Es además profesor de economía y derecho económico en la Universidad de Costa Rica.

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