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Actualizado el 16 de septiembre de 2014 a las 12:00 am

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Varios temas ocupan estos días la atención de esta columna. El primero es una queja personal (derecho al berreo); los otros, quejas ajenas bien justificadas.

Algún infeliz (por no decirle lo que verdaderamente se merece) irrumpió ilegítimamente en mi correo electrónico, copió la lista de contactos y mandó solicitudes a mi nombre implorando una contribución para una pariente supuestamente en Estambul. Tuve que abrir una nueva cuenta en Yahoo (ver nueva dirección al final de la columna). No interpuse la denuncia por daños a mi reputación por temor a ser considerada, como dice Arjona, como las primeras seis letras de esa palabra.

Veo, en cambio, la reputación del diputado Mario Redondo crecer con avidez. Es activo, acucioso, siempre dispuesto a denunciar lo que en su fino olfato político considera incorrecto. Se quejó porque Hacienda no brindaba suficiente información sobre el costo fiscal del incremento a los empleados públicos. La Sala IV le dio la razón. Hoy se sabe que costará más de ¢50.000 millones el año entrante y se incrementará, año con año, por efecto de los pluses y la política fiscal expansiva.

Otro diputado pletórico de quejas es Ottón Solís, presidente de la Comisión de Asuntos Hacendarios (la piedra en el zapato del otro Solís). Fiel a su espíritu frugal y austero en el uso (y abuso) de los recursos públicos (¡nada de galletas!), usa sus filosas tijeras para reescribir el presupuesto del 2015. Pretende archivar jugosas partidas para financiar consultorías, horas extras, cerrar plazas vacantes y –aquí viene lo importante– despojar a los nuevos servidores de los privilegios salariales abusivos, como incrementos automáticos por anualidades. No tocaría a los anteriores por ostentar derechos adquiridos, pero empezaría a depurar un sistema que ningún Gobierno, ni el actual, ha querido (o podido) erradicar. Cuenta con el apoyo de varias bancadas. Ojalá tenga éxito.

También leí las cuitas del magistrado Óscar González recientemente publicadas en La Nación (rompió el silencio). Se queja de que su caso fue muy mal valorado en la Corte y la Asamblea (sacrificado como chivo expiatorio) por razones políticamente correctas, pero antijurídicas, para despojarlo arbitrariamente de su pensión y congraciarse con el movimiento feminista. Aduce que le cobraron su manejo del caso Crucitas (sacada de clavo); que, según las actas de la Constituyente, la Asamblea no puede remover ni juzgar a un magistrado (magistrados suplentes de la Sala IV dijeron que sí), y que el supuesto acoso sexual se limitaba a dos llamadas telefónicas. Siente que su prestigio también quedó por los suelos.

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Jorge Guardia

Abogado, economista y columnista de La Nación. Fue presidente del Banco Central y consejero en el Fondo Monetario Internacional. Es además profesor de economía y derecho económico en la Universidad de Costa Rica.

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