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Actualizado el 02 de septiembre de 2014 a las 12:00 am

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El informe presidencial de los primeros 100 días fue… lo que fue. Espero que el de los últimos 100 sea mejor. Pero, para ello, tendrá que replantear y ejecutar a cabalidad ciertos temas esenciales.

El primero es macroeconómico y, dentro de él, lo fiscal. No se puede seguir posponiendo soluciones ni pretender nuevos ingresos de manera sostenible apuntalando el cobro de tributos existentes. Combatir la elusión y baja contribución pasa, primero, por reformar la legislación vigente (elusión no significa evadir, sino aprovechar portillos legales para pagar menos). También se deben eliminar las exoneraciones, todas de ley, muchas de las cuales son consentidas por el propio Gobierno y sus diputados. Los proyectos de ley debieron haberse presentado en los primeros 100 días.

Luego, están los gastos. No veo intención de hacer un esfuerzo serio por reducirlos ni, menos, una reforma integral del Estado. Apuesto las cuatro canas que me quedan (las demás, me las teñí o se me cayeron) a que el presupuesto ordinario del 2015 subirá igual al actual y con un déficit financiero superior, y, también, que entidades como Recope sobrevivirán, no se adelgazarán las instituciones para reducir el costo de los servicios públicos, las transferencias a las universidades pesarán cada vez más en el presupuesto, al igual que los privilegios de los servidores públicos. Y poco se hará para reactivar la producción.

Tras analizar el discurso de los primeros 100 días me siento muy desilusionado y pesimista. Me asalta el temor de que, en la incertidumbre de poder hacer aprobar los nuevos impuestos (IVA y Renta), sin tocar substancialmente el gasto, podría provocarse un impasse político insuperable. El PLN, en la oposición, es muy crítico. Endurecerá su postura para hacer ver al electorado que ellos sí saben gobernar, y, junto al ML, evitará aumentar la carga tributaria sin antes reducir gastos. Tampoco veo al PUSC plegándose a un Gobierno cuya áurea ha comenzado a decaer.

Entonces, surgiría la gran tentación del populismo para disfrazar los desaciertos económicos (baja inversión y crecimiento, desempleo, inflación y devaluación) y tratar de gobernar por decreto mediante el añejo expediente de controlar precios, tarifas y tipo de cambio, recargar en el Banco Central la lucha contra el desempleo, otorgar subsidios, y recurrir al hostigamiento empresarial con el apoyo de sindicatos públicos, universidades, ambientalistas, indignados, rebeldes (con causa o sin ella) y, desde luego, la izquierda rediviva. Si sucediera, la sociedad costarricense podría terminar mucho más dividida, como en Venezuela, dando paso a una etapa de mayor confrontación. Ojalá que me equivoque.

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Jorge Guardia

Abogado, economista y columnista de La Nación. Fue presidente del Banco Central y consejero en el Fondo Monetario Internacional. Es además profesor de economía y derecho económico en la Universidad de Costa Rica.

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