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Actualizado el 26 de agosto de 2014 a las 12:00 am

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Voy a compartir mi opinión sobre los primeros 100 días de gestión. Tal vez al Gobierno le interese saber cómo lo vemos desde afuera.

Los primeros 100 días son, por así decirlo, las pintas del año. Tradicionalmente, se han utilizado para impulsar acciones esenciales enunciadas en el programa de gobierno difundido en campaña, y matizar el tinte para colorear el resto del periodo. Esta vez, no.

Mi impresión general es que no ha satisfecho las expectativas, le ha faltado esa visión económica comprensiva para enfrentar los problemas nacionales, surgieron contradicciones que arrojan dudas sobre el modelo económico y político, se privilegia lo social y estatal sobre la producción privada al dar la sensación de ser un gobierno más socialista de lo esperado, y se perdió en cosas menores mientras a las de fondo les dio largas. La buena nota emana del Banco Central.

No he visto esa visión general de la política gubernamental, al menos en lo económico (con la excepción dicha), ni, tampoco, acciones orientadas a esa finalidad. El plan para generar empleo me pareció muy precario; la hoja de ruta para enfrentar la pobreza y distribución, y generar crecimiento económico, es un buen comienzo, pero debe sazonarse con medidas más puntuales y –ojalá– congruentes y cuantificables; la solución de la huelga de educadores, en vez de ser triunfal (como la calificó el Gobierno), fue una claudicación anticipada ante futuras pretensiones de los empleados públicos; la expansiva política salarial del sector público es uno de sus mayores y más peligrosos desaciertos.

El excesivo incremento a las universidades estatales (12%) fue abusivo y revelador de inefables compromisos, como el cuestionable préstamo de docentes pagados por ellas para fungir de ministros; nombrar a un pastor luterano fue una afrenta a la Iglesia católica; revertir el veto de una ley abusiva que permitía otorgar una calle pública a un puñado de artesanos y comerciantes introdujo mucha inseguridad jurídica; no consultar al sector privado en materia de sus resortes dio un mal sabor, al igual que alargar las decisiones sobre Recope, la apertura energética y abaratamiento de las tarifas eléctricas, no enfrentar con valentía el proteccionismo arrocero, las promesas incumplidas sobre la DIS, Conavi y otras.

Sin embargo, mi mayor preocupación es ver la creciente desconfianza y frialdad de parte del sector privado, el que genera más inversión, crecimiento y empleos (ya el Estado no tiene esa capacidad), y la fatal disociación de los partidos de oposición con el Gobierno (con excepción del Frente Amplio). Si no construye puentes, le será muy difícil gobernar.

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Jorge Guardia

Abogado, economista y columnista de La Nación. Fue presidente del Banco Central y consejero en el Fondo Monetario Internacional. Es además profesor de economía y derecho económico en la Universidad de Costa Rica.

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