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Actualizado el 07 de enero de 2014 a las 12:00 am

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Víctor Morales Zapata no debe renunciar a la candidatura como diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC). Lo amparan la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) dictada en el renombrado caso del (también) candidato a diputado del Frente Amplio Jorge Arguedas y otras consideraciones de tipo moral.

En el caso de Jorge Arguedas, el TSE esgrimió cuatro argumentos para respaldar su decisión, tres de los cuales me parecen fundamentales. El primero es que no le dieron el derecho al debido proceso. Prácticamente, lo lincharon. Y eso, en un país de derecho, es monstruoso. Me lo hizo a mí la comisión legislativa dirigida por Antonio Pacheco en el caso del Banco Anglo, y tuve que sacudirme (a lo chúcaro) ante la Sala IV. Les gané el juicio.

El segundo es que nadie, mucho menos un partido político, puede imponer penas perpetuas. Lo prohíbe la Constitución. Hay ahí un fundamento legal y moral muy sólido: todo ciudadano tiene derecho a redimirse, tras purgar su pena, para poder continuar su vida normalmente y disfrutar de todos sus derechos civiles, comerciales y políticos. Imponer sanciones vitalicias, sin derecho al perdón y olvido de los semejantes, es absolutamente inaceptable. Todos tienen derecho a una segunda oportunidad, incluyendo a los expresidentes, sin que personas mojigatas y rencorosas se lo cobren una y otra vez. Perdonar y absolver está en el sabio credo de Cristo.

Morales Zapata pudo haber cometido, quizás, algún error procesal o substancial en el otorgamiento de un crédito cuando estuvo vinculado al movimiento cooperativo. Ya pagó su deuda leal y moral mediante una conciliación. Por eso nunca fue juzgado por un juez. Ahora, la asamblea y dirigentes del PAC, atribuyéndose facultades judiciales que no les corresponden, lo condenan sin dar el debido proceso (linchamiento) y le niegan la presunción de inocencia que solo se puede perder a manos de un juez natural, no de un político. Es la tercera razón esgrimida por el Tribunal.

Don Luis Guillermo Solís posee altas cualidades éticas, pero no es abogado. Si se asesorara debidamente, a la luz de la jurisprudencia, sabría reconsiderar su pensar antes de que el TSE se lo imponga por resolución vinculante. Aun así, algunos medios de prensa, ávidos de cazar brujas, tratan de involucrar a Víctor Morales en un juicio mediático sin darle, tampoco, el derecho a la legítima defensa ante un tribunal. Es algo que, como abogado y periodista de opinión, me repugna. Aclaro, finalmente, que no conozco en persona a Víctor Morales ni a Jorge Arguedas, ni comulgo con ninguno de sus partidos políticos. Solo trato de ser justo.

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Jorge Guardia

Abogado, economista y columnista de La Nación. Fue presidente del Banco Central y consejero en el Fondo Monetario Internacional. Es además profesor de economía y derecho económico en la Universidad de Costa Rica.

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