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Actualizado el 17 de diciembre de 2013 a las 12:00 am

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La discusión sobre la seguridad alimentaria tomó nuevos bríos. Se discutió en la Organización Mundial del Comercio (OMC) sin llegar aún a ningún acuerdo concreto, y en Costa Rica se incluyó en los programas de gobierno de varios partidos políticos con posiciones muy distintas. ¿Cuál será el futuro?

Para unos, la seguridad alimentaria implica producir localmente todos los alimentos que requiere la población, sin importar el costo de producción, pero protegiendo, estimulando y subsidiando a los productores (seguridad del productor). Para otros, es poder alimentar a la población con productos nacionales o extranjeros a los mejores precios y calidades posibles, sin barreras ni aranceles a la importación (seguridad del consumidor). Entre ambos, hay un mar de diferencias.

La OMC siempre ha abogado por que los países desarrollados eliminen los subsidios agrícolas, y los nuestros se deshagan de trabas y aranceles. Es la posición ideal, pues restauraría la eficiencia mundial y libre competencia. Pero el acuerdo comercial logrado recientemente excluyó los productos agrícolas, a instancias de la India, y permitió imponer gravámenes a la importación hasta lograr un acuerdo definitivo. Fue un grave error, pues la seguridad alimentaria “a la India” les cuesta muy caro a los pobres, sobre cuyas espaldas recaen los subsidios al productor.

En Costa Rica hay varias visiones de seguridad alimentaria, desde las más liberales (ML, PUSC) hasta las más recalcitrantes (FA, PAC), pasando por posiciones eclécticas como la del PLN y el Gobierno actual, que busca liberar la importación y precios del arroz, pero aún mantiene aranceles para otros productos de la canasta básica. La que más me preocupa es la expresada por José María Villalta, del Frente Amplio. La encuentro muy radical a favor del productor, en detrimento de los consumidores, que suelen ser más y más pobres. Un verdadero contrasentido, si pretende combatir la pobreza.

Su programa de gobierno auspicia un dirigismo estatal contrario al libre mercado, propio de los Gobiernos socialistas; pretende reformar la Constitución para imponer una visión restrictiva de la seguridad alimentaria, contraria a la libertad de empresa; denunciaría normas liberalizadoras del TLC (plazos negociados); impondría restricciones (salvaguardas) para evitar lo que denomina “amenazas de los tratados de libre comercio”; protegería y subsidiaría al productor con costo al fisco, y reviviría el rol antañón del CNP para imponer “precios justos”. Detrás del “precio justo” estarían la ineficiencia, pingües ganancias (arroceros) o repugnante corrupción de funcionarios. La peor forma de combatir la pobreza.

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Jorge Guardia

Abogado, economista y columnista de La Nación. Fue presidente del Banco Central y consejero en el Fondo Monetario Internacional. Es además profesor de economía y derecho económico en la Universidad de Costa Rica.

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