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Actualizado el 05 de noviembre de 2013 a las 12:00 am

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Creí que la cordura fiscal impulsada por el Ministerio de Hacienda iba en serio. Así lo expresé en una columna al valorar su (tardío) acto de contrición, acompañado de un aparente arrepentimiento. Pero me equivoqué. Ayer, el Gobierno y Hacienda reanudaron, por decreto, el ciclo fiscal preelectoral. ¡Qué mala nota!

¿En qué consiste el ciclo fiscal electoral? Es el incremento anormal del gasto público –Gobierno Central e instituciones descentralizadas del Estado– motivado por razones políticas. La motivación política es doble, mas nunca se hará explícita ni se reconocerá oficialmente. La primera es tratar de influir en los resultados electorales nombrando allegados en puestos claves o incrementando partidas con los mismos fines; la segunda es aumentar los gastos, incluyendo la propaganda, para mejorar la imagen del Gobierno.

Lo vimos al final del cuatrienio anterior, justo antes de las elecciones. Aumentó la planilla del Gobierno Central abruptamente (11.000 plazas) y se subieron los salarios y pensiones de los funcionarios públicos. También explotó la planilla en la CCSS (13.000 funcionarios). Se argumentó que era para paliar la crisis, pero, en el fondo, satisfacía los requerimientos del ciclo electoral: 23.000 nuevos funcionarios y sus familias agradecidos por sus nombramientos representa un número de votantes capaz de hacer la diferencia en una elección. Y ¡la hizo!

En este ejercicio presupuestario correspondiente al último año de gobierno hemos notado, con preocupación, la verdadera explosión en gastos de promoción y propaganda de la Presidencia de la República para levantar su imagen, erosionada en las encuestas, e impulsar también la de su gobierno, todo a expensas del erario público y bajo la mirada complaciente de la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones. Mientras que a los partidos les hacen la vida imposible para obtener financiamiento electoral, el Gobierno gasta en propaganda todo lo que desea sin ninguna limitación ni cortapisa institucional.

Pero lo más repugnante es la derogatoria del decreto No. 013-H del propio Ministerio de Hacienda, aprobado en el 2011 para restringir el nombramiento de nuevos empleados públicos. La nueva disposición (Nº 040-H) permitirá la creación de 3.189 nuevas plazas este año, y 4.125 más el año entrante (que, estoy seguro, se designarán en enero, antes de las elecciones). Se pretende reducir así la tasa de desempleo abierto, tal como se hizo hace cuatro años, para acallar la crítica del creciente desempleo. Son actos con connotación política, impropios en un gobierno con prohibición para hacerlo.

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Jorge Guardia

Abogado, economista y columnista de La Nación. Fue presidente del Banco Central y consejero en el Fondo Monetario Internacional. Es además profesor de economía y derecho económico en la Universidad de Costa Rica.

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