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Fanal fallida

Actualizado el 08 de abril de 2016 a las 12:00 am

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Fanal fallida

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S ubvencionar el guaro –vía exoneraciones fiscales– con dinero destinado a los municipios, el deporte, la enseñanza y la lucha contra la adicción. Esta es la versión simplificada de un proyecto de ley, impulsado por diputados del PAC, el PLN y el PUSC, para condonar deudas tributarias a la Fábrica Nacional de Licores y reducir su carga de renta.

Las implicaciones, sin embargo, son peores. Además de desviar fondos de lo esencial a lo indebido, para prolongar la agonía de una empresa crónicamente ineficiente, el proyecto busca apuntalar una institución aún más onerosa, disfuncional y sin rumbo: el Consejo Nacional de Producción (CNP), dueño de Fanal.

Si alguna actividad no tiene nada que hacer en manos del Estado, es la producción de licores. Mantenerla con pérdidas y a costa de prioridades públicas es una aberración. Ergo, si alguna empresa estatal debería privatizarse, es Fanal. La discusión tiene décadas, pero nadie se ha atrevido a saldarla como corresponde: vendiendo.

Hay dos claras razones de la inacción y las subvenciones: las presiones de diputados cantonales, es decir, el clientelismo, y el temor al verbo “privatizar”, aunque se justifique. Pero lo más serio es la incapacidad que hemos tenido para reconocer, como Estado, que el modelo del CNP ha colapsado.

Los múltiples intentos de reflotar esa institución han pasado por la venta de inmuebles, las condonaciones, las reestructuraciones y el traslado o reducción de funciones, con enormes costos fiscales y sin resultados. La iniciativa actual es otra curita, socialmente muy onerosa, sobre una herida monumental.

El impulso a la agricultura, esencia de la misión del CNP, ya no pasa por sus programas heredados del siglo XX. Debe basarse en el fomento a la competencia y la competitividad, la innovación, el apoyo técnico eficaz, los encadenamientos productivos, el financiamiento bien orientado a los productores y las subvenciones directa y temporales –si son indispensables– a los realmente pequeños. Nada de esto lo hace el Consejo y, cuando pretende hacerlo, sale mal.

La solución a sus problemas, por ello, debería ser mucho más definitiva: cerrarlo y trasladar lo que tenga sentido al Ministerio de Agricultura. Ganarían el fisco, los agricultores y los consumidores.

(*) Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).

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Eduardo Ulibarri

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Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).

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