El presidente Solís acaba de cometer uno de los errores más graves de su vida política: decir no a la reforma del Estado propuesta por Uccaep e, indirectamente, al resto de su decálogo para mejorar la competitividad. Lo hizo cuando, precisamente, mostraban cierta flexibilidad hacia los impuestos. Se disparó en el zapato.
La respuesta del presidente fue tajante: “Aunque la reforma del Estado es importante no la voy a hacer yo; mi prioridad son los impuestos”. ¡Vaya, vaya! ¡Impuestos y nada más! Mi colega y amigo Norberto Zúñiga comentó muy bien la noticia: “No tiene lógica, desde ningún punto de vista, pretender incrementar la carga tributaria sin atacar los disparadores del gasto (salarios, transferencias, pensiones) y mejorar la eficiencia. Se agravarían los problemas del elevado desempleo y la economía informal. Esperemos una rectificación del presidente. Quizás solo así podría dejar algún legado de su mandato presidencial”.
Ese es el punto esencial: si se aborta la reforma del Estado, y con ella la fiscal y tributaria, ¿qué legado dejaría esta administración? ¿Cuál sería el cambio prometido en campaña y avalado (en abstracto) por una hermosa mayoría del electorado? Salvo la buena gestión del Banco Central, no veo otras reformas estructurales que puedan imprimirle un sello distintivo. Ni siquiera tuvo las agallas de entrarles a la planilla, a los sueldos y a las regalías del Gobierno Central e instituciones públicas.
Tampoco veo ninguna posibilidad de acceder a la OCDE pues no podrá cumplir los requisitos de incorporación. Sin reforma del Estado ni una solución fiscal sostenible, ¿cuál sería la carta de presentación? Tampoco quiso adherirse a la Cuenca del Pacífico –el tratado de libre comercio más promisorio– para no contrariar a Venezuela, Bolivia y Nicaragua, ubicados a la izquierda del espectro ideológico. Tiene un brazo más largo que el otro.
Pierde el PAC, pues no podrá enseñar logros importantes en su primera gestión (salvo, de nuevo, la estabilidad) ni mostrar con orgullo el cumplimiento de su promesa de cambiar. Pero más pierde el país al no poder avanzar en la solución de sus problemas económicos, políticos y sociales, incluidas la reforma del Estado y sus hijuelas fiscales.
Los empresarios deben darse por notificados de que su meritorio decálogo dormirá el sueño de los justos. Seguirán creciendo el déficit fiscal, la deuda pública y estrujamiento financiero, a menos que la Asamblea apruebe lo que la Uccaep propone y el presidente rechaza. Oremos porque no se extinga esa tenue luz de esperanza.
Jorge Guardia es abogado y economista. Fue presidente del Banco Central y consejero en el Fondo Monetario Internacional. Es, además, profesor de Economía y Derecho Económico en la Universidad de Costa Rica