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Actualizado el 14 de noviembre de 2013 a las 12:00 am

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Hecho probado: los ingresos del Gobierno Central no alcanzan para pagar los mandatos de gasto establecidos en la Constitución Política y las leyes. Segundo hecho probado: cada año, los diputados aprueban leyes que crean nuevos mandatos de gasto sin señalar fuentes de recursos frescos para pagarlos. En síntesis: el Gobierno no tiene plata para sufragar el portafolio de derechos ciudadanos y de obligaciones del Estado con la población reconocido en nuestras leyes. Con la estructura tributaria y el nivel de recaudación que tenemos, no podemos pagar ese portafolio ni ahora ni en el futuro.

Así las cosas, la cuestión a responder es la siguiente: ¿debemos recortar la Constitución y las leyes para ajustarlas al presupuesto público? O, por el contrario: ¿debemos acercar el presupuesto público a lo que la Constitución y las leyes dicen? Mi opinión es que en un Estado democrático de derecho como lo es Costa Rica, la ley es la que debe prevalecer. Billetera no debe matar a galán y, si dejamos que lo mate, cometeremos un serio error. Hoy por hoy, nuestro problema es, en lo fundamental, cómo dar sustento económico al Estado constitucional que hemos creado y no cómo recortarlo.

Se trata de una opción preferencial por la ley. Es fregado entrarles a tijeretazos a los derechos. Las tijeras usualmente terminan afectando los derechos que más interesan a los más débiles: por ejemplo, los recursos para educación, sin recortar los derechos que más interesan a los poderosos, como la propiedad. Las tijeras nunca son neutras. Por eso hay que ser muy cuidadosos con ellas.

Esta opción preferencial es una posición de partida para enfrentar el problema fiscal. No implica eximirnos de revisar la Constitución y las leyes para desbrozar mandatos exuberantes y obligaciones sin claridad de objetivo. Hay que hacerlo. También es necesario asegurarse que, dado el esfuerzo económico implicado en la tutela de derechos, la plata se gaste en lo mandado y no en gollerías y burocracia. Hay que entrarle, pues, a la calidad y eficiencia del gasto.

Esta opción preferencial tampoco implica sufragar de un solo topetazo el conjunto de derechos y obligaciones legales. Inventarse de un solo tiro un 6% más del PIB en ingresos es irreal. Será necesario acordar criterios de gradualidad. A lo que llamo es a tomar en serio la ley. A no jugar con fuego diciéndole a la población: “¿Sabe qué? Sus derechos eran de mentirillas”. Puede ser que luego no nos cuadre cuando otros decidan suspender, por razones de conveniencia, leyes que no les gusten. Y, sobre todo, llamo a los diputados a no ser irresponsables, que no sigan aprobando nuevas cosas sin considerar cuidadosamente sus implicaciones.

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