El mayor perjuicio del combo político-sindical al que se ha sumado la cúpula del Partido Acción Ciudadana lo sufrirá el país, por las retrógradas posiciones en que se asienta y los torpes simplismos y clichés con que se anuncia.
Pero la víctima más inmediata será, paradójicamente, el Poder Ejecutivo que el PAC debería apuntalar: ya de por sí confundido, se verá atrapado por una creciente maraña de contraposiciones casi imposibles de manejar para gobernar. El presidente Luis Guillermo Solís y su ministro Sergio Alfaro tienen nuevas razones para inquietarse.
El acuerdo del PAC, el Frente Amplio y la coalición sindical Patria Justa es una hoja de ruta hacia la involución nacional y la consolidación de privilegios sectoriales.
En sus dimensiones más fosilizadas, pretende impedir una mayor diversidad de emprendimientos energéticos, ampliar el monopolio de Recope, torpedear el ordenamiento del empleo público, mantener una serie de “pluses” que drenan el presupuesto y reducir la capacidad para regular los servicios públicos.
Es una agenda contraria a la mayoría de la gente, las grandes necesidades y las promisorias oportunidades del país. Pondría al Estado por encima de la sociedad, y a un conjunto de agrupaciones gremiales por encima de ambos.
Si el combo se vuelve operativo, entrabará aún más el desempeño político del Ejecutivo. Hasta ahora, sin rumbo claro, vio colapsar su alianza legislativa inicial y ha tenido que lidiar con nueve partidos, una fracción oficial desmembrada, un PAC escindido entre sus estructuras formales radicalizadas y su ADN original más moderado, una oposición empoderada y sectores de toda índole allende Cuesta de Moras.
A esto se añadiría, ahora, el espectro de movilizaciones callejeras para imponerse sobre los procesos legislativos, y nuevas fuentes de fricción en el seno del oficialismo y entre este y otros grupos.
Ya los representantes del combo han comenzado a hablar de un “golpe de Estado a la voluntad popular en el Congreso” y una “arremetida del sector neoliberal del país”. En medio de este campo minado por sus propios partidarios, el Gobierno podría encaminarse hacia una peligrosa parálisis; el país, hacia exacerbados conflictos.
(*) Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).