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Actualizado el 12 de diciembre de 2015 a las 12:00 am

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Se encuentra en discusión en la Asamblea el proyecto de fraude fiscal, el cual pretende darle más “dientes” a la Administración Tributaria para que esta pueda cobrar mejor los impuestos.

La discusión en torno a ese proyecto se centra ahora sobre el acceso que pueda tener el Ministerio de Hacienda a la información sobre los accionistas de las empresas. Hace poco más de un mes, el viceministro de Ingresos, Fernando Rodríguez, y esta misma semana la directora de Hacienda, Priscila Piedra, escribieron artículos en este periódico sobre dicho tema. Ellos alegan que la OCDE, puntualmente a través de su Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información, le exige al país que la información sobre los dueños de las empresas debe estar disponible para la Administración Tributaria.

Para cumplir con dicha exigencia, el Gobierno propone la creación de un registro de accionistas, en el cual la información de los dueños de empresas estaría en una base de datos del Ministerio de Hacienda. Esto a pesar de que esa cartera ya tiene acceso irrestricto a los libros de accionistas de las empresas.

El Gobierno insiste en imponer dicho registro, bajo la amenaza de que hay consecuencias graves para el país si no se hace. Anuncia que, debido a que el Foro Global nos puso en la lista de países que “incumplen parcialmente”, ya hay dos instituciones multilaterales que no le podrán prestar más al país. Lo curioso es que una de esas es el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. Este tiene la misión de prestarles a naciones excomunistas de Europa oriental, con el fin de favorecer la transición a una economía de mercado. O sea, es totalmente irrelevante para Costa Rica.

La directora de Hacienda usa el alegato de que “si exigimos servicios de primer nivel, necesitamos controles de primer nivel”. Pero este es, precisamente, una parte fundamental del asunto. Como queremos que el Gobierno brinde servicios de calidad, le exigimos que tenga un mayor control de cómo gasta los impuestos que le pagamos. Le exigimos que haya menos despilfarro, corrupción e ineficiencias.

También le exigimos que tenga un mayor control sobre la información. ¿Tiene sentido permitir que el Gobierno capture información de las personas y de las empresas, sin que tenga ningún plan específico de cómo la va a usar? Peor aún, ¿le vamos a confiar información privada al Gobierno, el cual no puede controlar ni la suya propia? La noticia de ayer, basada en una carta emanada de la DIS que obtiene este periódico, lo deja a uno dudando.

Luis Mesalles obtuvo su doctorado y maestría de Economía en The Ohio State University y su bachillerato en Economía en la Universidad de Costa Rica. Actualmente, es socio consultor de Ecoanálisis y gerente de La Yema Dorada. Participa en varias juntas directivas. Anteriormente, fue vicepresidente de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, presidente de Academia de Centroamérica, profesor en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Stvdium Generale.

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Luis Mesalles

Obtuvo su doctorado y maestría de Economía en The Ohio State University y su bachillerato en Economía en la Universidad de Costa Rica. Actualmente, es socio-consultor de Ecoanálisis y gerente de La Yema Dorada.

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