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Actualizado el 11 de agosto de 2013 a las 12:00 am

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La Ley Orgánica de Comunicación aprobada por el Congreso ecuatoriano el 14 de junio impide a los medios omitir informaciones consideradas de interés público por las autoridades y les impone la obligación de emitir juicios críticos cuando las informaciones afecten bienes jurídicos como el medio ambiente. La libertad de prensa, como se le entiende en todo el mundo democrático, es incompatible con la imposición de contenidos a los medios de comunicación, no importa la nobleza de la causa, como el medio ambiente, y mucho menos el juicio oficial sobre el interés público de determinadas informaciones.

El Estado y sus funcionarios no tienen derecho a dictar una agenda a los medios ni a imponerles la obligación de criticar hechos predeterminados. Muchos aspectos del tema ambiental se prestan para polémica y es perfectamente posible defender o rechazar la instalación de una refinería de petróleo, una marina y, en circunstancias definidas, la construcción de infraestructuras comunes, como un edificio.

Disponer de previo la obligación de criticar, es imponer una sola forma de pensar, que ni siquiera el Gobierno ecuatoriano estimará justificada en todos los casos. La extracción de petróleo en el Ecuador, por ejemplo, es una de las más dañinas en el continente. Petroecuador, la empresa estatal, ha sido blanco de encendidas críticas por daños causados a la Amazonia y otras regiones. Sin embargo, probablemente este no sea el caso en que pensó el legislador cuando exigió el componente crítico en toda información sobre conductas capaces de afectar el medio ambiente. La exigencia y la fiscalización de su cumplimiento serán, en consecuencia, selectivas. No habrá perdón cuando el componente crítico favorezca los intereses del Estado o de quien lo gobierna y, probablemente, mucha vista gorda cuando se produzca la situación contraria.

En ese caso, no es difícil imaginar la aplicación de otros requisitos impuesto por ley a la información: veracidad, contextualización, contraste y precisión. El juicio sobre la presencia de esas cualidades también corresponde al Estado. Quien se atreva a publicar una información excesivamente crítica sobre Petroecuador, en cumplimiento del mandato de ley, podría terminar infringiéndola.

Como los funcionarios tienen, además, la facultad de decidir si determinado hecho es de difusión obligatoria en virtud del interés público, el círculo se cierra. Los periodistas ecuatorianos ni siquiera pueden recurrir a la autocensura, a ignorar el tema, para estar seguros de mantenerse dentro de los estrechos márgenes de la ley. Es preciso saber, primero, que le interesa al Estado difundir. ¡Viva la libertad de prensa!

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Armando González R.

agonzalez@nacion.com

Editor General Grupo Nación

Laboró en la revista Rumbo, La Nación y Al Día, del cual fue director cinco años. Regresó a La Nación en el 2002 para ocupar la jefatura de redacción. En el 2014 asumió la Edición General de GN Medios y la Dirección de La Nación. Abogado de la Universidad ...

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