El Día de los Enamorados, la Policía de Tránsito del Paraguay se dedicó a repartir rosas a los conductores sobrios. En la otra mano, portaban la libreta de partes para sancionar sin miramientos las faltas. Un expresidente, varios senadores y otras personalidades vinculadas con el poder han sufrido la imposición de multas desde el inicio de la gestión reformadora de Eduardo Petta, director del cuerpo policial y, ahora, senador de la República.
El propósito educativo de las rosas y el ejemplarizante de las multas se complementan con campañas ingeniosas, diseñadas para llevar la discusión sobre la seguridad vial al seno de las familias. A los niños se les distribuyó una libreta de partes para que impongan “multas” a sus padres, si violan la ley de tránsito.
Temerosos de la reprimenda infantil, los conductores se hicieron más propensos, por ejemplo, a abrocharse el cinturón de seguridad. La posibilidad de hacer el “parte” pone al niño en alerta. A sabiendas de esa vigilancia, el adulto se cuida de no dar un mal ejemplo, cuya emulación algún día podría costarle la vida al menor.
La familia es el elemento básico de la formación vial, dice Petta, para quien el éxito consiste en lograr el diálogo, camino a la escuela o en cualquier otra circunstancia. El ideal es la promoción de pactos familiares para modificar las conductas riesgosas.
El énfasis en las estrategias educativas no distrae la atención del funcionario sobre la importancia de combatir la impunidad. Recomienda hacer auditorías sobre la cantidad de multas impuestas, las impugnaciones ante la autoridad judicial y las razones de su éxito, cuando lo tienen. La idea es saber si los oficiales de tránsito cumplen su obligación de hacer los partes, si los confeccionan correctamente, para que resistan el examen de los juzgados, y si la corrupción interviene para anular las sanciones.
“Si impongo una multa, la persona la impugna y el juzgado acepta la impugnación, no hay ley que valga”, dice el exdirector policial. Peor todavía, si la sanción ni siquiera se impone, como tantas veces ocurre en nuestro país, donde muchas esperanzas fueron depositadas en los drásticos castigos de la nueva ley de tránsito sin considerar un postulado básico de la criminología: más importante que la sanción es la certeza o alta probabilidad de su aplicación.
Las más flagrantes violaciones a la ley de tránsito en Costa Rica entran por los ojos y los oídos en cada esquina y a cada paso. Los motociclistas sin casco, por ejemplo, están a simple vista y el rugido de sus motores testimonia el desdén por las normas relativas a los niveles de ruido aceptables. Así, como dice Petta, no hay ley que valga.