Opinión

Otra de Conavi

Actualizado el 26 de marzo de 2017 a las 12:00 am

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Algunos con dos años de instalados y otros con tan solo uno, los ascensores de los puentes peatonales en sitios como el hospital México, la Circunvalación o la Florencio del Castillo, se encuentran fuera de funcionamiento o han sido víctimas del vandalismo. Por cierto, los ascensores son una deuda con la Ley 7600, de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

La razón es la grave falta de planificación y ejecución del Conavi, que ha dejado vencer el contrato de mantenimiento, y la nueva contratación ha tomado meses pese a la urgencia para sus usuarios, en su mayoría adultos mayores, personas en sillas de ruedas o mujeres embarazadas.

Frente a los reclamos, se ha indicado que “no se podía dar la fecha de la orden de inicio porque aún faltaba el cumplimiento de trámites y que en algunas semanas se anunciaría al país” ¡Ese es el sentido de urgencia e insensibilidad de esta institución!

Resultó profético de lo que vendría que el mismo día de inauguración de los ascensores una familia quedara atrapada por 30 minutos. También resulta reveladora la incomprensión por parte de los responsables sobre cómo garantizar la seguridad de los usuarios, una mayoría, además, con necesidades especiales.

Se trata de un incumplimiento de deberes de la institución, al no tener el cuidado de un buen padre de familia, conocido término jurídico, al no resguardar activos que nos han costado a los costarricenses $2,5 millones, es decir, unos ¢1.400 millones.

¿Cuánto nos costará volver a poner a funcionar estos ascensores y reinstalar las cámaras de seguridad que ya no existen o no trabajan? ¿Se sentarán responsabilidades por ello?

Pero el Conavi y el MOPT no son los únicos responsables. Una combinación de falta de educación y vandalismo son también responsabilidad del estado tan lamentable de los ascensores, lo que denota igualmente una falta de solidaridad y sensibilidad para quienes requieren de este importante servicio.

Es necesario regresar a la educación en las familias y las escuelas para que inculquen valores, entre ellos, el respeto y la solidaridad con todos, pero, especialmente, con los más vulnerables, y en el caso del Estado recordar que gobernar conlleva también educar.

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