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Callejónsin salida

Actualizado el 31 de agosto de 2014 a las 12:00 am

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Albino Vargas, secretario general de la ANEP, puso el dedo en la llaga durante el encuentro celebrado, el martes, en el auditorio de Grupo Nación para discutir sobre el desequilibrio de las finanzas públicas y la necesidad de una reforma tributaria. Mejor, nos sentamos a construir acuerdos fuera del recinto legislativo, dijo el dirigente sindical, porque la solución no saldrá de la Asamblea Legislativa.

La desesperanza es compartida por diversos sectores y dice mucho del funcionamiento del primer poder de la República. Cuando el país estuvo en la disyuntiva de aprobar o rechazar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, se vio obligado a recurrir a las urnas, porque del Congreso no saldría la decisión.

Así, la resolución de problemas fundamentales se desplaza a foros ajenos al espacio natural de diálogo y resolución. La judicialización de las decisiones sobre política pública, en especial en el ámbito de la jurisdicción constitucional, es cada día más relevante en detrimento del papel de la Asamblea Legislativa.

El Congreso solo puede culparse a sí mismo por su desplazamiento gradual y acelerado. Años de consenso sobre la necesidad de reformar el reglamento interno para posibilitar la resolución democrática de los acuerdos mediante el voto no terminan de materializarse en cambios cuya necesidad es admitida por tirios y troyanos.

El grado de compromiso con la reforma varía, claro está, dependiendo de quien ejerza la función ejecutiva. Si gobiernan los tirios, abogan por el cambio, con la segura oposición de los troyanos, cuyo entusiasmo por la reforma solo renace cuando las urnas les entregan nuevamente el poder.

A la intervención de Vargas siguió un panel con representantes de las principales bancadas parlamentarias. Las exposiciones poco tardaron en darle la razón al sindicalista, aunque no de forma expresa. Uno tras otro, los legisladores se turnaron para decir “sí, pero no”, salvedad hecha de la representante oficialista, preocupada por generar nuevos ingresos para el Estado cuando, no hace mucho, su partido parió la más beligerante oposición al plan fiscal de la Administración Chinchilla.

El Congreso rehúsa admitir la verdad sentenciada por Vargas. Sería aceptar el menoscabo de su preponderancia en la fijación de las políticas públicas. Al mismo tiempo, confrontado con los problemas concretos, no deja duda sobre su incapacidad para decidir. Empero, tratándose de la materia tributaria, no hay otro camino. Un foro extraparlamentario podría aspirar, cuando mucho, a ejercer presión sobre el Congreso para lograr la aprobación de los acuerdos transados.

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Armando González R.

agonzalez@nacion.com

Editor General Grupo Nación

Laboró en la revista Rumbo, La Nación y Al Día, del cual fue director cinco años. Regresó a La Nación en el 2002 para ocupar la jefatura de redacción. En el 2014 asumió la Edición General de GN Medios y la Dirección de La Nación. Abogado de la Universidad ...

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