Sinceramente, espero que no prosperen las presiones de los autobuseros sobre la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), el MOPT y los diputados por mantener las cosas como están ahora.
¿Y cómo estamos? Tenemos un sistema de transporte colectivo obsoleto, con rutas mal diseñadas que amontonan buses en el centro de San José y encarece el gasto de los hogares; un sistema con problemas simultáneos de sub y sobreutilización de unidades por falta de ordenamiento; empresas que se resisten a entregar información fidedigna sobre sus ingresos y que, por tanto, cobran tarifas más altas de lo que debieran; empresarios poderosos, sentados en la directiva del Consejo de Transporte Público (CTP) del MOPT decidiendo sobre sus propias políticas y financiando partidos políticos para asegurar que nada pase; y la mayoría de empresas haciendo de las aceras de la ciudad las paradas finales, sin invertir un cinco en terminales decentes, como si lo que arrearan fuera ganado.
Los buseros no son los dueños de las rutas (es el Estado, pues es un servicio público) pero se comportan como tales. Han hecho lo que han querido y el Estado siempre ha ido de pordiosero, pidiéndoles perdón por cualquier incomodidad. No es aceptable que una ciudad de dos millones y medio de personas siga con un sistema de transporte propio de la aldea provincial que era la San José de antaño, cuando las viejillas agarraban la cazadora para ir de compras al mercado.
Ojalá al nuevo regulador no se le caigan las ligas y haga lo de siempre cuando se cede a las presiones: “mandar a estudio” la nueva metodología para calcular las tarifas de los buses y el proyecto de pago electrónico en línea para hacer transparente el sistema.
Estoy muy de acuerdo con el esfuerzo del viceministro de Transportes por modernizar el servicio, invertir en infraestructura complementaria y ordenar el servicio. La oposición es, por supuesto, cerrada y al cuerpo. Me parece conveniente que la Defensoría de los Habitantes intensifique su acción en defensa de los usuarios frente al actual estado de cosas.
Y, en cuanto al CTP, la tureca de los buseros, los diputados debieran cambiar la ley y sacar a todos los grupos de interés de su Junta Directiva. Este Consejo debiera terminar con el jueguito de prorrogar concesiones y permisos a cambio de nada. Mientras tanto, que cumpla con el undécimo mandamiento: ¡No estorbar!
Los millones de personas que usan el transporte colectivo no tienen por qué seguir secuestrados por un grupo de interés.
Jorge Vargas Cullell es gestor de investigación y colabora como investigador en las áreas de democracia y sistemas políticos. Es Ph.D. en Ciencias Políticas y máster en Resolución alternativa de conflictos por la Universidad de Notre Dame (EE. UU.) y licenciado en Sociología por la Universidad de Costa Rica.