La posibilidad de privatizar --en todo o en parte-- ciertas entidades y empresas públicas depende de tres factores básicos: la voluntad oficial, los planes y el entorno.
El Gobierno --o una parte de él, en la que está el Presidente-- parece tener suficiente voluntad, aunque a veces se empeñe en aparentar que no. Lo que le faltan son planes concretos y un ambiente propicio para ejecutarlos.
Los planes se pueden desarrollar discretamente; quizá hasta ya existan, pero no se han dado a conocer. El ambiente, en cambio, depende de un conjunto de factores que escapan al control de una sola fuente. Se trata, pues, de un asunto más delicado, en el que debería estar centrada la mayor atención gubernamental.
La encerrona del Consejo de Gobierno, el pasado sábado, introdujo elementos de confusión en ese ambiente; la percepción pública fue que había un retroceso en las intenciones reformistas oficiales.
Esa misma confusión, sin embargo, ha conducido a que los sectores favorables a las privatizaciones alcen su voz con inusual fuerza, aporten interesantes argumentos para justificarlas y, de este modo, contribuyan a mejorar la actitud del público hacia el tema, que en general ha sido escéptica o negativa. Hasta el expresidente Oscar Arias, antes al margen del debate, se ha sumado activamente a él; ahora promueve con entusiasmo lo que otros tantas veces han propuesto: la conveniencia de vender activos públicos para pagar deuda interna y liberar recursos para programas sociales e infraestructura.
El entorno, así, parece más favorable después que antes de la encerrona. Si el Ejecutivo aprecia bien la situación y enuncia un buen discurso y mejores planes, quizá pueda tomar nuevas iniciativas y encontrarse con un ambiente que las estimule.