No puede pasar inadvertido un interesante artículo del economista Miguel Gutiérrez Saxe (Foro de La Nación, jueves 28 de marzo), en el que cuestiona la validez del predicado gubernamental de que el porcentaje de familias pobres bajó entre 1994 y 1995, para ubicarse en un 14,8 por ciento.
El autor llama la atención en el sentido de que la cifra oficial --anunciada con gran aspaviento el 11 de enero-- está basada en la encuesta anual que realiza la Dirección General de Estadística y Censos (Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples), la cual tiene el grave inconveniente de que utiliza la distribución de la población existente para el Censo Nacional de 1983. Gutiérrez afirma que eso implica aceptar que, por ejemplo, Alajuelita y Pavas no han modificado su composición social como consecuencia de los nuevos asentamientos.
La otra observación de importancia que hace el economista es que son apenas 15 los productos de consumo mínimo incluidos en la determinación de la canasta de bienes conocida como "línea de pobreza", que sirve de referencia para estimar el porcentaje de la población con ingresos por debajo de ese nivel. Estadística y Censos ya tiene definida una nueva canasta de 44 bienes, que no ha sido posible considerar en los cálculos.
Las advertencias de Gutiérrez vienen a comprobar, con rigor metodológico, una realidad que no pueden esconder fácilmente las campañas propagandísticas: que el problema de pobreza es mucho mayor de lo que se cree.
Según el IMAS, de un 17 a un 23 por ciento de las familias costarricenses no disponen ni de lo mínimo para vivir; hay 120 mil familias --unas 640 mil personas-- en condiciones de pobreza. De acuerdo con CEPAL, un 40 por ciento de los indigentes disminuyeron su participación en la riqueza nacional, al mismo tiempo que el 10 por ciento más rico aumentó la suya.
O sea, que para miles de ticos no han sido dos los años difíciles, sino muchos más, por lo que decirles que cada día estamos mejor suena cuando menos a irritante burla.
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