El gobierno anuncia acciones para mejorar el acceso a la información pública. Vistos los antecedentes, es preciso estar alerta.
El Poder Ejecutivo y sus aliados han sido objeto de condenas por retener datos de interés público. Por eso llama la atención el empeño puesto en resolver un problema cuyos causantes están, precisamente, en el gobierno.
Según la administración, el “proyecto de ley de acceso a la información pública se discute entre ciudadanía, sectores académicos y empresariales e instituciones de Gobierno en la Comisión Nacional para un Gobierno Abierto”. Razón de más para preocuparse. La ciudadanía sabe poco de la iniciativa y no tiene idea de quiénes son sus supuestos representantes en una discusión de tanta importancia.
Habrá dirigentes de la cúpula empresarial mejor enterados. Es de suponer que a ellos acudió el gobierno para nombrar representantes, pero los empresarios no son conocedores de la materia ni la mayoría sabe quiénes hablan en su nombre para dar forma al proyecto.
En la academia hay de todo y no es difícil encontrar, si hay voluntad selectiva, docentes inclinados a conceder al Ejecutivo amplios márgenes de discreción. En las instituciones de gobierno la balanza se inclina por el silencio. Si no, serían innecesarias las iniciativas anunciadas por la Casa Presidencial.
Un lobo con piel de oveja, disimulado tras la inobjetable intención de “mejorar el acceso a la información pública”, podría perfeccionar el camuflaje invocando la existencia de una “amplia consulta” con diversos sectores, algunos despistados y otros con agenda contra la libertad de expresión y el libre acceso a la información necesaria para dar sentido a la práctica democrática.
En esta materia, el lenguaje orwelliano es particularmente peligroso. Las peores restricciones a la difusión de información de interés público parten del elogio de tan alto valor democrático. Lo proclaman como amplio y sagrado para luego establecer excepciones, siempre pregonadas como indispensables para proteger otros valores sociales.
Las excepciones se formulan con la amplitud e imprecisión necesarias para recurrir a ellas cuando los gobernantes lo estimen conveniente. Ignoro, como todos, quiénes son los representantes de esos “amplios” sectores invitados a decidir a cuáles informaciones tendremos acceso. Quizá el Ejecutivo nos sorprenda con una propuesta verdaderamente comprometida con el libre flujo de la información y contraria a su conducta reciente pero, por ahora, ¡manos a la cartuchera!