Según el presidente, Luis Guillermo Solís, lo sucedido con la ley mordaza de radio y televisión es representativo de una “nueva forma de hacer política”. El estilo se viene notando desde hace meses y como se ha convertido en práctica reiterada es preciso tratar de definirlo.
La “nueva forma de hacer política” consiste en plantear iniciativas en cuyo contenido nadie cree, ni el propio Gobierno, para que la sociedad las rechace con vehemencia. Tanto valor concede la administración a esa práctica que no escatima recursos ni deja temas a salvo, ni siquiera los derechos humanos y políticos fundamentales.
Un par de docenas de funcionarios del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones se dedicaron a redactar la ley sin creer en ella, particularmente en lo relativo al control administrativo de la libertad de expresión. Como el objetivo es lograr el repudio de la sociedad, quizá con la intención de confirmar la justicia de las verdaderas e inconfesas convicciones de la administración, la propuesta final debe ser abominable.
Así se consigue un extraordinario momento de unidad nacional. El Gobierno puso a las cámaras de la empresa privada a manifestarse en el mismo tono que los sindicatos. El Frente Amplio y el Movimiento Libertario hablaron con una sola voz. El Colegio de Abogados, la ANFE, los medios de comunicación y los propios impulsores de la iniciativa se apresuraron a repudiarla, con el presidente de la República a la cabeza. Por un momento, el mandatario hizo de lado sus diferencias con la prensa y se unió a ella para denunciar el atentado contra la libertad de expresión.
La nueva forma de hacer política une, no cabe la menor duda. Plantea, sin embargo, un par de problemas. Si el Gobierno se dedica a proponer iniciativas contrarias a sus convicciones y aptas para suscitar el repudio de la sociedad, limitará severamente los resultados de su gestión, perderá capital político y obligará a los ciudadanos a adivinar si algo va en serio o se plantea “tan solo para su discusión”.
El mandatario intentó resolver la cuestión estableciendo un parámetro de distinción. Las propuestas van en serio cuando tienen el visto bueno de la Presidencia. Pero el proyecto de reforma tributaria enviado formalmente al Congreso, con aval del Ejecutivo, también contiene aspectos contrarios a las convicciones del Gobierno. Las grandes cooperativas adivinaron el primero y conservaron sus exenciones. Toca a los diputados seguir adivinando.