En menos de un mes, seis personas vinculadas con la educación en diferentes centros en Talamanca, han sido denunciadas por abusos sexuales. Ahora que se han planteado las denuncias en estrados judiciales se teme que el número de víctimas sea mucho mayor. Lamentablemente, los agresores saben bien explotar el uso del poder, la confianza, el temor y el silencio cómplice.
En nuestra sociedad aún es frecuente que las víctimas enfrenten el que sus seres más queridos y llamados a la protección no les crean, a lo que se suma el afrontar descrédito o rechazo social, pese a ser víctimas, y un sistema policial y judicial que muchas veces revictimiza. Estas situaciones tristemente favorecen y son muy bien conocidas por los agresores.
¿Por qué tantos casos en Talamanca? En diversas manifestaciones de directores, maestros e incluso autoridades judiciales, se reafirma que en esa zona se conjuntan una serie de elementos que favorecen el abuso sexual. Entre esas condiciones están la falta de espacios para la recreación y para la vida en familia.
Inciden también factores locales de Talamanca, como son el especial respeto hacia a las figuras del adulto y el maestro que, sumados a la candidez y excesiva confianza de los menores, han sido aparentemente aprovechados por los denunciados.
Uno de los acusados es además reincidente sexual. La pregunta de rigor surge, ¿cómo es posible mantener en el sistema educativo y exponer a más menores a personas con antecedentes en violencia sexual? Y aquí no me refiero solo al sistema educativo, sino también al judicial.
Como madre, abuela y educadora, me duele pensar que la solución a este flagelo sea arrebatarles a nuestros niños y adolescentes la confianza en sus profesores y orientadores cuando estos están llamados a ser importantes figuras en su formación y educación.
Situaciones como esta nos deben invitar a reflexionar en cómo podríamos adoptar medidas preventivas y de protección tomadas por otros países a la vanguardia como Finlandia, en donde existen rígidos criterios y procesos de selección de los educadores y en donde la profesión es reservada a las y los mejores.
El ordenamiento jurídico costarricense permite establecer especiales fueros de protección en donde se priorizan unos derechos sobre otros, y en donde incluso principios y presunciones, el debido proceso o la carga de la prueba entre otros, ceden terreno a valores superiores como la defensa y una mayor protección de nuestros niños y adolescentes, la ley de paternidad responsable es un ejemplo, la protección en contra de agresores sexuales debería ser otro.
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