27 septiembre, 2015

Derechos adquiridos

Gobierno debe tomar medidas equitativas

El Gobierno debe contemplar tomar medidas políticas y económicas que vayan de la mano con el desarrollo de todos los sectores sociales de la población; al igual que tendría que denunciar aquellas circunstancias donde se compruebe lo contrario.

Es improcedente enjuiciar a todo un sector de trabajadores a causa de unos pocos funcionarios. Es imprescindible recodar que lo alcanzado, a lo largo de los años, fue gracias a las presiones de la población y al derecho que confieren las garantías sociales. Deben hacerse ajustes en algunos reglamentos internos de ciertas instituciones; sin embargo, deberían efectuarse sin menoscabar los derechos que el sector público ha obtenido por la lucha y la visión de un país más solidario. Esto incluye materia salarial, de Hacienda y obligaciones patronales.

Gustavo Quirós Calderón

Cartago

Cambio de estado

Siempre estuve orgullosa de haberme graduado en la Universidad de Costa Rica. Hasta ahora. Me desilusiona saber que los funcionarios se han aprovechado de los recursos que aportamos todos los costarricenses, sobre todo, en la cuestión salarial. Debe ponerse orden.

Patricia Chaves Castro

San José

Intranquilidad judicial

Si la Sala IV llegara a rebajar las penas a los presos, tendríamos cerca de 2.000 delincuentes más en nuestras calles. De suceder algo así, ¿qué llegarían a hacer?

Ayer se formó una fila enorme de personas, en el Parque Nacional, en busca de un empleo: jóvenes estudiantes, hombres y mujeres con familias que mantener, muchos de ellos hasta con un año o más sin trabajo.

Si toda esa gente se encuentran en graves problemas para subsistir, ¿qué podrían llegar a hacer todos estos cientos de presos?

El Gobierno debería dedicarse a conseguirles empleo a quienes pasan enormes necesidades y tratar de que todos los presos salgan con alguna profesión una vez cumplan sus penas.

Rafael Zamora Bonilla

Barrio México, San José.

Perro atropellado

Con mucha indignación, el lunes 21 de setiembre, fui testigo del atropello de un perro por el bus en el cual viajaba, de Tibás a Santo Domingo de Heredia.

Ante esta situación, que pudo evitarse, el chofer del bus solo atinó a decir, en son de broma, “pero si solo le majé la cola”.

Los animales también merecen respeto.

María Fernanda Rojas Rojas

Moravia

Empleo estatal

Como rezan los dichos populares: “No hay mayor sordo que el que no quiere oír, ni mayor ciego que el que no quiere ver”.

Le pido al presidente que escuche el clamor del pueblo que lo eligió: impulse una ley de empleo público, ordene la revisión de los privilegios de las convenciones colectivas, piense en la mayoría del pueblo costarricense, que día a día tiene que buscar la manera de mantener a sus familias. No nos ahogue con más impuestos para pagar los privilegios.

Los empleados públicos, trabajen o no, los 14 y 28 de cada mes reciben un jugoso salario.

Le pregunto a don Luis Guillermo: ¿Son merecedores de las anualidades que engordan sus salarios todos los empleados públicos? Sabemos que no. El pueblo le exige que haga algo.

Herbert Schlager Irías

Alajuela

Obra pública

Comparto plenamente la opinión del señor Daniel Torres Lacayo ( Cartas , 16/9/15). Instituciones como el Conavi y el MOPT son enemigos del desarrollo y el progreso del país.

Por primera vez en Costa Rica, en lo que va de este siglo, la construcción de infraestructura pública, como el nuevo puerto en Limón o el edificio para los ministerios en Plaza González Víquez, se creía posible.

Sin embargo, esto es retrasado por la maraña burocrática, la escasa visión hacia el futuro del MOPT, las apelaciones de las cámaras empresariales y los grupos sindicales que dan al traste con el paso de Costa Rica hacia un país desarrollado.

Jorge Luis González Hernández

San Juan de San Ramón

Congreso tomado

Lo peor que le ha pasado a este país fue el arribo a la Asamblea Legislativa de diputados cristianos fundamentalistas; quienes aprovechan su posición mediática ante sus seguidores y la convierten en apoyo electoral.

A pesar de que la Constitución, en el artículo 28, limita mezclar la política con las creencias religiosas, dichos dilegisladores imponen la religión sobre la razón y se aprovechan de un reglamento legislativo inoperante, bloquean iniciativas que no estén alineadas a sus posiciones radicales, propias del oscurantismo.

Si reconocemos el momento en que nuestros liberales, en los años 80 del siglo XIX, limitaron la manipulación de la Iglesia católica en la política de entonces, lo equitativo sería que se haga ahora lo mismo con los dirigentes evangélicos.

Gustavo Elizondo Fallas

Santa María de Dota

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