EscucharWASHINGTON, DC – En julio, la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un informe detallado del modo en que se manejó la crisis del euro después del 2010. El informe de la OEI critica la actuación del Fondo; pero como en otras autoevaluaciones previas de la institución, pasa por alto muchas cuestiones importantes.
En concreto, la OEI sostiene que el Fondo se supeditó a los intereses europeos; lo cual no sorprende, ya que la tercera parte de su junta directiva está compuesta de europeos. Además, el Fondo se equivocó al suponer que “Europa es diferente” y que “no era posible un corte del flujo de capitales en el ámbito del euro”.
En una crisis financiera, las autoridades deben actuar rápido para resolver los problemas que la causaron y restaurar la confianza. Es lo que hizo el gobierno de Estados Unidos en el otoño (boreal) del 2008, mientras la dirigencia europea vacilaba (un hecho que la OEI no menciona).
El informe de la OEI tampoco evalúa la eficacia de los programas del FMI. Tomemos el caso de Grecia, donde la respuesta del Fondo fue claramente insuficiente. En el 2009, el déficit presupuestario griego era el 15% del PIB; con un programa del FMI, el déficit se redujo en el 2010, pero solo al 11% del PIB. Entretanto, los tres Estados bálticos (Estonia, Letonia y Lituania) llevaron a cabo un recorte presupuestario del 9% del PIB en el 2009.
El Fondo y la Unión Europea (UE) han ignorado por mucho tiempo las cargas fiscales excesivas en muchos países de la UE. El FMI fue indulgente con Grecia porque es miembro de la eurozona, pero fue un favoritismo injustificado y en última instancia costoso. El gasto público de Grecia ha oscilado entre el 50% y el 59% del PIB desde el 2010, lo que produce un endeudamiento enorme y obstaculiza el crecimiento. En comparación, Alemania y el Reino Unido han mantenido el gasto público en un razonable 44% del PIB.
El informe de la OEI pasa por alto este hecho, y se concentra en cambio en la necesidad de reestructurar la deuda pública para hacerla sostenible. Pero eso no se aplica necesariamente a la situación de Grecia en el 2009, cuando su deuda pública era elevada (el 127% del PIB) pero no insostenible; fue con el plan de financiación del FMI aprobado en mayo del 2010 que se disparó y se volvió insalvable. Al final del 2015, la deuda pública de Italia era el 133% del PIB, y la de Portugal era el 129%. ¿Habría que obligarlos a reestructurar sus deudas ahora?
La causa de la lentitud del crecimiento de la economía europea es un exceso de impuestos y regulaciones. En vez de decir a los países europeos que reestructuren sus deudas, habría que decirles que desregulen los mercados de mano de obra, productos y servicios; y a los países del sur, como Italia, Grecia, España y Portugal, que amplíen la oferta de educación secundaria y formación técnica y profesional. El ejemplo de los países bálticos demuestra que ajustes fiscales más veloces pueden impulsar cambios estructurales.
Pero como evidencia el informe de la OEI, a los funcionarios los árboles les siguen tapando el bosque. Para evaluar la supervisión de la economía europea en los últimos años habría que preguntarse por qué el estallido de la crisis griega se produjo en la primavera del 2010, casi dos años después de la crisis financiera global. La respuesta es que cuando el Banco Central Europeo inundó los países de la eurozona con liquidez barata, los gobiernos desistieron de implementar reformas serias y se entregaron a un festín de gasto.
Esto se debió en parte a que en otoño del 2008 el G20 y el FMI exhortaron encarecidamente a los países a endeudarse para lanzar paquetes de estímulo fiscal. Muchos en Europa hicieron lo que se les pedía, pero en vez de estimular el crecimiento económico, el gasto a déficit puso en riesgo la estabilidad financiera de varios de ellos. Al final, al menos ocho de los 27 miembros que entonces tenía la UE necesitaban financiación del FMI y programas de reestructuración.
La moraleja obvia debería ser que la expansión fiscal no estimula el crecimiento económico cuando hay inestabilidad financiera. Pero el FMI, cegado por su ortodoxia keynesiana, sigue negándose a reconocerlo.
La vulnerabilidad de muchos países de la UE se debió a la acumulación de deudas públicas excesivas e innecesarias por mantener déficits presupuestarios en los años buenos previos a la crisis. A fines del 2007, el promedio de deuda pública en la eurozona era el 65% del PIB, cinco puntos más que el tope que el Tratado de Maastricht pone a los países aspirantes a ingresar en la eurozona. Una de las razones fue que en el 2003, Francia, Alemania e Italia decidieron infringir, y después “reformar”, las reglas de Maastricht, lo que las dejó sin efecto.
El FMI no puso objeciones a esta desobediencia de las normas; y si uno compara las posiciones del Fondo con las del organismo interno a cargo de vigilarlo, ambas son sorprendentemente similares, lo que despierta dudas sobre la independencia de la OEI al redactar el informe.
Tanto el FMI como la OEI pasan por alto los mismos problemas centrales en la respuesta oficial a la crisis del euro hasta ahora. Ante una crisis financiera hay que responder con acciones rápidas, entre ellas la reducción inmediata del déficit presupuestario, sobre todo mediante el recorte de gastos. El ajuste fiscal rápido lleva a reformas estructurales, que a su vez aceleran el crecimiento económico.
Un viejo chiste dice que la sigla en inglés IMF quiere decir It’s Mostly Fiscal (por la insistencia del Fondo en el equilibrio fiscal). Después de la respuesta inadecuada a la crisis del euro, el Fondo debería admitir que llegó la hora de volver a sus raíces.
Anders Åslund es investigador superior en el Instituto Atlantic Council con sede en Washington y autor del libro “Ukraine: What Went Wrong and How to Fix It” (“Ucrania: qué salió mal y cómo arreglarlo”). © Project Syndicate 1995–2016
