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Cartas a la Columna

Actualizado el 19 de septiembre de 2015 a las 12:00 am

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Fuga de agua

Avería en centro de Alajuela

En pleno centro de Alajuela, 50 metros al norte de la esquina noreste de la catedral, se mantiene una fuga de agua, al parecer potable, desde hace aproximadamente tres meses. He avisado por diversos medios a la Municipalidad, sin ningún resultado. A estas alturas, el desperdicio del líquido debe equivaler a varias decenas de piscinas olímpicas.

Además, el terreno debajo del pavimento de esta concurrida calle podría estar socavándose. Espero que no tenga que suceder una desgracia o que el daño se torne descomunal para que por fin le presten atención.

Carlos Molina Jiménez

Alajuela

Sin acuse de recibo

Mes a mes, anticipadamente, pago mi cuota por el crédito prendario que adquirí con Financiera Cafsa y les envío el comprobante por correo electrónico.

Después, solicito la confirmación de la entidad bancaria de que recibieron el mensaje y de que aplicaron el abono a mi préstamo, pero en lo que llevamos del año solo he recibido cuatro correos como respuesta, y yo necesito tener el resto de las confirmaciones.

Pablo Vargas Villarreal

San Antonio de Coronado

Sentencia política

La comisión de diputados que investigó la crisis en el hospital México “dicto sentencia” sin compasión y señaló a siete distinguidos profesionales. Bastaron escasos tres meses de indagaciones para que este órgano, estrictamente político, entrara en valoraciones en materia tan compleja como la referente a la seguridad social, y diera su “veredicto”, prácticamente sin derecho a defensa de los acusados.

Me parece injusto que problemas que vienen acumulándose desde años atrás caigan ahora sobre la espalda de unos pocos, y sobre todo por una coyuntura política.

Esta ligera y apresurada decisión de los diputados no solo afecta a los involucrados, también lesiona a sus seres queridos. Por fortuna el dictamen no es vinculante.

Halley Castro Ramírez

Barrio México

Campaña equivocada

Costa Rica, como tantos países, ha desplegado una fuerte campaña antitabaco. Sin embargo, el auténtico daño sanitario, económico, social y moral lo causa el alcohol. La Nación ha informado que la Policía atiende cada hora un hecho de violencia contra las mujeres, y en la mayoría de los casos el atacante había consumido licor.

Es una lástima para los fundamentalistas anticigarrillos que la noticia no añadiese algo así: “Muchos de ellos habían también consumido tabaco”.

No transcurren quince días sin noticias de un grave accidente automovilístico o un atropello mortal, en el que está involucrado un conductor bebido, pero en ningún caso reportan que el vehículo del sospechoso estaba lleno de colillas de cigarrillo.

José María Tomás Ucedo

Moravia

Defensoría y privilegios

La Defensoría de los Habitantes tiene la obligación de defender a los ciudadanos de las cargas extraordinarias que, por medio de servicios públicos, imponen las convenciones colectivas de las instituciones descentralizadas del Estado. Muchas de sus cláusulas son evidentemente inconstitucionales, por irrazonables, desproporcionadas y poco equitativas, en relación con las remuneraciones de otros sectores públicos.

La vía es, pues, las acciones de inconstitucionalidad. La Contraloría General de la República también está facultada.

En las convenciones colectivas del sector privado, las partes son el patrono y los trabajadores. El patrono es el que negocia y paga. Pero en el sector público, el verdadero patrono, el que paga, son los costarricenses. Sin embargo, este patrono no tiene vela en los acuerdos entre ambas partes, ya que no tiene representación.

Las juntas directivas no tienen esa función. Son una ficción patronal. La convención colectiva se acuerda entre servidores públicos: los de arriba y los de abajo, pero el patrono de ambos grupos, el pueblo que paga, es el gran ausente. ¡Son dos tigres sueltos contra un burro amarrado!

Las instituciones autónomas, por otra parte, han abusado de su autonomía y la han interpretado incorrectamente. Así han creído que los recursos públicos se pueden distribuir generosamente en remuneraciones y beneficios exorbitantes, como si fueran bienes de difunto. De ahí, por ejemplo, los desmesurados salarios de los jerarcas y otros altos funcionarios.

Las instituciones autónomas, por mandato constitucional, están sujetas a la ley. Por ello, no hay obstáculo alguno en someterlas legalmente a un régimen general de salarios del sector público, sin excepción alguna. Se incluirían los salarios de los jerarcas y altos funcionarios. La ley rige para lo futuro; por lo tanto, no afectaría los derechos adquiridos.

Galo Vicente Guerra

San José

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