Opinión

Más que un asunto de leyes

Actualizado el 03 de noviembre de 2005 a las 12:00 am

Las presiones migratorias no pueden verse como de conducta ilegal o delictiva

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Los defectos y peligros contenidos en la nueva Ley de migración y extranjería han sido señalados con propiedad en un editorial reciente de La Nación. Adecuado es, además, su llamado a un veto presidencial.

Sin embargo, aparte de la fundamental perspectiva de derechos humanos y del respeto al Estado de derecho -apuntada por el matutino-, hay otros aspectos que nos deben preocupar.

Los instrumentos jurídicos son importantes, sin duda, pero ni son el único medio ni el principal para solucionar ningún problema social, económico o cultural como los que se asocian al fenómeno migratorio.

La Defensoría de los Habitantes y la Oficina Nacional de Pastoral Social de la Iglesia Católica insistieron en su día en que al asunto de los inmigrantes en Costa Rica se le diera un abordaje integral. Subrayaron entonces que las causas de las migraciones son múltiples y diversas (confrontaciones políticas internas, crisis económicas que desembocan en desempleo y pobreza, impactos de eventos naturales, etc.).

También hicieron ver que recientemente, en la década de 1990, la acción de esas causas se intensifica como resultado de la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo en los países de la región, en el que se produce un ajuste en los mercados laborales y un aumento de la brecha social y de la pobreza. La propia dinámica económica implica una regionalización de la fuerza de trabajo que se moviliza para insertarse rápidamente en sectores dinámicos de la economía regional: agricultura de exportación, industria y sector de servicios, principalmente.

Causas y efectos. No se puede entonces tapar el Sol con un dedo y afrontar las presiones migratorias como si fueran solo un problema de comportamiento ilegal o, peor aún, delictivo. Deben entenderse las causas, así como sus efectos, los beneficios, y no solo los costos, para el desarrollo del país.

Un enfoque integral del asunto migratorio y una estrategia adecuada incluyen un conjunto de políticas públicas -generales, sectoriales, económicas y sociales-, así como medidas de fortalecimiento institucional y administrativo.

También exigen la formación de actitudes culturales tanto en los inmigrantes como en los ciudadanos de nuestro país, en particular de los funcionarios encargados de administrar estas materias, que apunten a la cohesión nacional y no pierdan de vista el reto de la integración centroamericana. Dicha es-trategia integral es la que debe marcar la pauta a la legislación en materia migratoria, y no al revés.

Por congraciarse. Da pena oír a algunos aspirantes a la Presidencia de la República -afortunadamente no todos- limitando su enfoque del asunto migratorio a los aspectos represivos y, en el mejor de los casos, legales del fenómeno.

Parecen apuntar a congraciarse con un sector de potenciales votantes cuyos temores y prejuicios los llevan a creer que los inmigrantes -sobre todo, los nicaragüenses pobres- representan un peligro para su seguridad y su confort de vida.

Este comportamiento electorero es un grave error que no solo no construye soluciones eficaces, sino que tampoco contribuye a la educación ciudadana.

Por supuesto, no se puede posponer la actualización del ordenamiento legal en esta materia hasta contar con una política integral de desarrollo dentro de la cual ubicar el asunto de los inmigrantes. Lamentablemente, en esto, como en tantas otras áreas de la vida nacional, ya al país lo ha cogido tarde. Sin embargo, hay cosas que se pueden hacer con relativa rapidez -el trabajo sobre el TLC realizado por los Notables, es un buen ejemplo-, además del veto de la recién aprobada ley.

Con la ayuda analítica de una Comisión cualificada y representativa de diversos sectores ciudadanos, el Gobierno podría identificar criterios prioritarios para una futura política integral migratoria, que sirvan de parámetros para corregir la Ley de migración y extranjería y la coloquen en una perspectiva de desarrollo.

Al mismo tiempo, podría poner todo su empeño en apoyar y acelerar los esfuerzos que empiezan en varias instancias para producir una propuesta adecuada de políticas que incorporen la dimensión migratoria, al menos en materia de empleo, producción, educación, salud y vivienda.

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