Ante un caso judicial las presiones externas son inaceptables

 5 diciembre, 1997

El 13 de noviembre pasado fueron asesinados en Pavones, cantón de Golfito, por una disputa de tierras, el ciudadano norteamericano Max Dalton y el costarricense Alvaro Aguilar Vindas. Este lamentable hecho movilizó a la policía costarricense, activó los órganos judiciales y, de manera desmesurada, despertó la reacción del diario The Wall Street Journal, del senador republicano Jesse Helms y, en menor medida del Gobierno norteamericano, mediante el Departamento de Estado y su embajada en nuestro país.

Ambos homicidios, condenados por el pueblo de Costa Rica, a tono con sus principios y tradiciones, deben sin embargo, analizarse con objetividad, para que insolentes o sesgados intereses políticos no contaminen el recto juicio. Debe, entonces, tomarse en consideración el viejo conflicto de tierras entre ciudadanos norteamericanos y el Gobierno de Costa Rica, y la reacción habida en Estados Unidos por este crimen. En cuanto al primer punto, si bien debe reconocerse la ligereza con que actuaron algunas administraciones en el pasado, lo cierto es que, como lo expresó el anterior embajador de EE.UU. en Costa Rica, Peter Jon de Vos, "las expropiaciones ya no son un tema que preocupe, lastime o que vaya a crear problemas entre Costa Rica y los EE.UU." Por otra parte, el Gobierno de Costa Rica ha prometido finiquitar este litigio.

En punto a la reacción norteamericana, ha sido desproporcionada y hasta insultante. Señalamos tres intervenciones. El senador Helms envió una carta irrespetuosa al presidente de la República, José María Figueres, en la que, además de amenazas, imparte órdenes sobre la conducta que debe seguir el Estado costarricense en la investigación y enjuiciamiento de los culpables. La conducta de este senador compagina con su pretensión, en 1993, de bloquear los préstamos para Costa Rica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para que se pagara la expropiación de la hacienda Santa Elena, propiedad de Joseph Hamilton. He aquí un caso del uso desviado del poder político para coaccionar, en el marco de una gran potencia.

Por su parte, The Wall Street Journal insta al Estado "a hacer justicia", como si el nuestro no fuese un Estado de derecho, y, como acicateado por estos dos antecedentes, el Departamento de Estado publica urbi et orbi una declaración para pedir a los norteamericanos abstenerse de visitar la región sur de Costa Rica ante el presunto peligro de "bandas organizadas" de precaristas que trabajan "en la impunidad", algo así, como un territorio dominado por cuatreros. Luego, pinta un cuadro aterrador de la seguridad en Costa Rica. De este modo, el Departamento de Estado, en lo que parece ser más una medida de presión que una real preocupación por la seguridad de sus ciudadanos, perjudica a Costa Rica internacionalmente en el orden moral y económicamente a la zona turística de Golfito, además de causarnos indefensión ante el mundo por razones obvias.

Pese a nuestros errores y deficiencias, Costa Rica se enorgullece de sus credenciales democráticas y de respeto a los derechos humanos, así como de la independencia y solidez del Poder Judicial. Deploramos que, por intolerancia, así como por motivos políticos internos, dirigentes y autoridades de los EE.UU. hayan utilizado, en esta oportunidad, recursos reñidos con la dignidad de nuestro país y con los principios del Derecho Internacional.

Lo que se impone, aparte de una adecuada acción diplomática que neutralice estas presiones y perjuicios, es que ambos homicidios se investiguen con la mayor minuciosidad y celeridad posibles, y que -en un ámbito más amplio- se continúe trabajando con seriedad y rapidez por resolver los conflictos de tierras aún existentes.

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