El buen juicio y un elemental sentido de justicia indican que los sindicatos serían los llamados, entre otros sectores, a oponerse a los salarios “abusivos” en la esfera del Estado o, al menos, a ejercer un control razonable.
Los sindicatos deberían ser los paladines contra los privilegios, como pretenden serlo, sin logros concretos, contra los políticos corruptos. Los abanderados contra estos han sido, en buena hora, la prensa profesional.
Más bien, el blanco favorito de los dirigentes sindicales es la empresa privada, madriguera, según ellos, del neoliberalismo y del capitalismo salvaje, sin distinguir entre los empresarios genuinos, creadores de riqueza y ocupación, y los “usufructuarios del sistema”. De todo hay en la viña del Señor. También hay dirigentes sindicales bravíos, una minoría, solidarios con los trabajadores, y otros, los más bullangueros y prepotentes, “usufructuarios del sistema”.
Lo cierto es que, en la reunión de la presidenta de la República con los dirigentes sindicales, el 20 de febrero pasado, estos actuaron “a la visconversa”, como dijera un diputado.
En vez de alzar la voz contra los privilegios, defendieron los salarios públicos “abusivos”, al solicitar la derogatoria del decreto que le confiere potestades a la Autoridad Presupuestaria para proponer directrices en materia salarial.
¿Por qué este contrasentido? Porque aquel que tiene más galillo, traga más pinol. Una verdad morrocotuda, aplicable al poder y a quien sabe manejarlo en provecho propio. De ahí el poder de las convenciones colectivas, propias de las instituciones públicas más poderosas financieramente y de la fuerza de los sindicatos. El poder financiero ha ablandado la responsabilidad de los jerarcas, ante las demandas de los sindicatos, y, a la vez, ha despertado el apetito de estos.
El que tiene más galillo traga más pinol. Esta verdad explica lo que ha pasado en el campo del régimen de empleo y en el orden fiscal, no en beneficio de “la clase trabajadora”, como se llenan la boca los dirigentes sindicales, sino de buena parte de los trabajadores del sector público.
Por ello, dado el régimen del empleo público vigente (una cadena interminable de beneficios automáticos), Costa Rica está condenada al subdesarrollo.
Dijo ayer el director del Servicio Civil: “La ley de especialidades médicas establece que los médicos deben recibir un aumento salarial cada vez que se le aumenta un cinco a un conserje o a un policía”. Galillo y pinol'