Opinión

Tenencia de armas y derecho a la vida

Actualizado el 22 de julio de 2008 a las 12:00 am

 Quiero una policía civilista, que no significa débil, sin carácter, ni determinación.

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Tener armas no es un derecho fundamental. Vivir sí. Fui asaltado por una pandilla de 6 sociópatas, que me dieron una paliza en el centro de Curridabat. Estoy vivo por azar: un perro ladró, se asustaron y huyeron. Mi casa ha sido robada varias veces; en algunas de ellas mis hijos y yo hemos podido ver al ladrón saltando por la tapia. Esa es mi realidad, como la de cientos de miles de costarricenses, que no hemos podido detener a los asaltantes y ladrones leyéndoles la Constitución –acto poético y lleno de candor– que no detiene balas ni puñaladas. Los conceptos jurídicos no detienen sicarios: la policía sí. Se requieren armas, para detener a un asaltante armado.

Ejército y policía. Como Estado, Costa Rica renunció al Ejército, acto que aplaudo. Sin embargo no hay que confundir la violencia entre Estados –a la que dichosamente renunciamos en 1949– con la violencia entre individuos que viven bajo las leyes de un Estado. No son lo mismo, ni se puede confundir el Ejército con la policía, que son instituciones y conceptos totalmente distintos en su forma, métodos y fines. Tratarlas como iguales, sólo porque ambas usan armas, es un análisis reducido y simplista, que conduce a conclusiones equivocadas y peligrosas, porque la lucha por la vida la van ganando los asesinos, mientras nosotros buscamos todos los medios para seguir indefensos y al mismo tiempo abalanzarnos sobre el pobre diablo que tuvo que defenderse.

Para el asaltante, el sistema judicial tiene todos los in dubio pro reo del mundo, y de nuevo a la calle. En cambio, para el ciudadano que se defendió, todo el peso de la ley. ¿Se nota la asimetría, la inequidad? En resumen: “déjese matar, porque si no la fiscalía lo acusará.”.

La defensa propia: un deber. Dios me ha dado la vida; custodio además la de mis hijos y soy responsable por esas vidas, incluida la mía. También soy el prójimo de mi prójimo, y si él tiene derecho a la vida, yo también. Si por un mal entendido concepto de “defensa legítima limitada al Código Penal”, me detengo a cuestionar a mi asaltante –“¿qué arma anda usted, me quiere usted robar, matar, secuestrar a mis hijos o sólo asustarme?”– es muy posible que yo termine muerto, porque el sociópata que me está asaltando, por definición, no cree en principios. Eso sería tan ingenuo como pretender detener un pleito de cantina –con todo y botellas quebradas– leyéndoles la Constitución a los contendientes.

En EE.UU. vive la mayor cantidad de millonarios y la población más opulenta y secuestrable del planeta. De igual manera, casi no hay secuestros, porque los criminales saben que hay Estado, que hay ley, que en el caso de un secuestro o toma de rehenes, ese Estado, que crearon para que los defendiera, los va a defender. En los EE.UU. no veremos escenas patéticas como las del Banco en Monteverde, donde un Estado paralizado por el miedo a las posibles demandas por presuntos abusos de autoridad, dejó que un sociópata siguiera matando dentro del banco, mientras buscábamos una solución “a la tica”, hasta que el secuestrador se entregó por sueño.

Quiero una policía civilista, que no significa débil, sin carácter, ni determinación. Quiero una policía sin complejos, bien entrenada, que nos defienda de los matones y asesinos. Para eso creamos el Estado: para que nos defienda y nos deje defendernos, con jueces guiados por la justicia, no por un derecho penal mal redactado y peor interpretado, siempre a favor del criminal. Ahí está Colombia. ¿Aprenderemos?

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