¿Cómo llamaría a una persona que tiene muchísimo dinero pero no sabe invertirlo? Podría decirle “tonto con plata”, “idiota” y ya, para darle duro, “perdedor con suerte”.
Pero, mejor no ir más allá en las ofensas porque el caso de Costa Rica es como el de esa persona, pues este es un país donde la plata sobra pero no tenemos idea de cómo invertirla. Si lográramos gastar el 100% de cada ¢1.000, viviríamos en un país de primer mundo. Pero, andamos muy, muy, muy por debajo de ese porcentaje .
Ejemplos, sobran. En los primeros seis meses del año pasado, el Gobierno (ministerios) solo gastó un 20% del presupuesto destinado a inversión en bienes duraderos. Se trata de edificios, carreteras, cárceles, escuelas, delegaciones policiales, patrullas, reparación de inmuebles o compra de equipos tecnológicos.
Más ejemplos: El Consejo Nacional de Viabilidad (Conavi) invirtió en medio año del 2015 apenas el 12% del presupuesto (¢279.000 millones) destinado a construir y arreglar carreteras, es decir, obras vitales para producir más y generar más empleos.
Otro caso: El Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) iba a invertir el año pasado ¢41.000 millones en proyectos de Internet y telefonía en poblaciones pobres, pero solo usó ¢2.500 millones por roces –politiquería– entre los administradores del fondo y el mismo gobierno.
Uno más: Aunque las aduanas son herramientas para aumentar la competitividad e ingresos del país, sus edificios son un desastre pese a que hay plata para hacerlos casi nuevos. La Contraloría General de la República determinó que entre el 2011 y el 2014 solo se ejecutó el 33% del presupuesto para estas obras. Esa falta de inversión influye en los tiempos que tardan las revisiones físicas, ya que solo en el 20% de los casos el importador puede retirar la mercadería en menos de dos días pues el resto se lleva de 48 a 120 horas.
Ni se diga municipalidades, las campeonas en la mala ejecución de sus presupuestos.
Ya no son necesarios más diagnósticos para conocer los porqués, lo que se requiere es voluntad política del Gobierno y los nueve partidos en la Asamblea Legislativa para reformar las normas de inversión y contratación pública y sacar al país de esta ejecución presupuestaria tercermundista en la que está atrapado.
El autor es jefe de Redacción en La Nación.