En el país del Pura Vida se le da poco valor al tiempo. Las cosas se hacen sin prisa. Cuando se nos pide algo decimos: ¡pura vida!, pero poco hacemos al respecto. Tal vez por eso somos uno de los países más felices del mundo. Pero, en términos de progreso económico, esa actitud tiene un costo. Si le diéramos un valor al tiempo perdido, nos daríamos cuenta lo oneroso que resultan algunas actividades.
Ya hace como 25 años, Claudio y Marco González hicieron un estudio sobre lo que le cuesta a un deudor pedir un préstamo en un banco. Por la cantidad de trámites requeridos, especialmente cuando se trata de créditos subsidiados, los deudores hacen varias visitas al banco para entregar papeles, firmar documentos, etc. Al dejar sus labores diarias, pierden ingresos.
Poniendo un valor a ese tiempo perdido, resulta ser que, en el caso de los pequeños deudores, el costo puede llegar a ser mayor que el valor del préstamo que solicita. O sea, aunque el banco le cobrara una tasa de interés del 20%, el tiempo le puede costar hasta un 100% del préstamo.
En las licitaciones de obras públicas sucede con frecuencia que el perdedor apela la adjudicación. Esta semana sale la noticia que la constructora portuguesa Soares da Costa apeló el contrato por 4.600 millones de colones para reparar 31 puentes, porque no fue la ganadora.
Pero no solo sucede con los perdedores de licitaciones. Cualquiera que se sienta afectado puede acudir a las cortes. Sucedió con la denuncia ante la Sala IV de los sindicatos cuando se adjudicó el muelle granelero de Caldera, y está sucediendo ahora con el muelle de contenedores de Moín.
Por sentir que sus intereses se ven afectados, cualquiera tiene derecho a reclamar. Y eso está bien, ya que ayuda a tener mayor transparencia y a disminuir las posibilidades de corrupción.
El problema es que, mientras se resuelve la apelación, todo el proceso se detiene, y eso tiene un costo para el país. Pero, los que interrumpen el proceso no sufren consecuencias. Aunque le esté causando una gran pérdida al país, en términos de atrasos por tiempo, pérdida de oportunidades y encarecimiento de obras, el que apela nada pierde.
Por eso, no está bien que se permitan apelaciones injustificadas. Muchas de estas el único propósito que tienen es atrasar la ejecución de la obra.
Aun cuando estén justificadas, las apelaciones deberían tener un costo para el que causa el atraso, de manera que se compense, al menos parcialmente, el costo de la interrupción para el país.
El tiempo es oro, y ahora que está tan caro, todavía más debemos apreciarlo.
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