Mucho se ha cuestionado el sistema de concesiones en Costa Rica. La experiencia no ha sido del todo buena. Recordemos las dificultades iniciales con Alterra en el aeropuerto, los atrasos en la construcción de la carretera a Caldera y ahora los problemas por derrumbes en esa misma carretera. Doña Laura ha dicho que revisará lo que se ha hecho hasta ahora en concesiones. Lo que no está claro es si el objetivo es mejorar el esquema o descartarlo como opción.
Antes de tomar el segundo camino, se debe entender que el sistema de concesiones es precisamente eso, una opción. Cuando el gobierno decide construir una obra pública, lo puede hacer de distintas formas. Puede optar por hacerla con sus propios empleados, o por medio de licitación para que sea una empresa privada la que se encargue de la construcción. También puede dar en concesión la obra, en cuyo caso es una empresa privada la que construye y luego opera la obra.
Cualquiera que sea el esquema escogido, sigue siendo obra pública. Aunque el gobierne delegue parte de sus funciones, igual debe cumplir a cabalidad con otras. El diseño es una de esas. Debe establecer los objetivos de la obra y como se piensa cumplir con ellos. En el caso de una carretera, por ejemplo, debe definir que se quiere llegar del punto A al B, por medio de una ruta determinada, que circularan x vehículos en un tiempo y.
En la etapa posterior, el gobierno tiene la responsabilidad de fiscalizar que los objetivos se cumplan. El peligro de que la obra final no cumpla con los objetivos iniciales existe en cualquiera de los tres esquemas. Si se hace con los trabajadores del gobierno, podría suceder que no les suministren los materiales adecuados. Si es por medio de licitación, existe la tentación para la empresa de hacer menos que lo contratado. En carreteras, abundan los ejemplos en Costa Rica de casos en que el espesor de base o la calidad de materiales fueron menores al especificado. Cuando se hace por concesión, se supone que eso no debería pasar, ya que el mismo que construye debe darle mantenimiento durante un tiempo definido. Si hace mal las cosas al principio, a él mismo le tocará arreglarlo después. Pero, de igual manera, el concesionario siempre tiene la tentación de querer hacer menos de lo que le piden para ganar más dinero. De ahí que el gobierno deba cumplir con su labor fiscalizadora y velar porque los objetivos planteados se cumplan. En este punto es, precisamente, donde la concesión, al igual que los otros esquemas, han fallado. En muchos casos se da que los objetivos iniciales no fueron bien definidos, o que los contratos no recogieron adecuadamente esos objetivos, o que la labor fiscalizadora del gobierno, para empatar objetivos con cumplimiento, no ha sido buena. Por ahí es donde debe ir la revisión de todos los esquemas de construcción de obras públicas, no sólo concesiones.
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