Opinión

“Guerras culturales” ticas

Actualizado el 16 de noviembre de 2008 a las 12:00 am

 Ni los prejuicios ni la religión deben distorsionar las decisiones civiles

Opinión

“Guerras culturales” ticas

Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico.

De forma aún poco perceptible, pero cada vez más intensa, el país se encamina hacia el tipo de “guerras culturales” –o morales, o de valores— que tantos estragos y división han producido en otras sociedades, sobre todo la estadounidense.

En el trasfondo están los conflictos que surgen de conductas, relaciones o convicciones individuales, que unos sectores desean legitimar a partir de su libertad, y otros modelar o prohibir desde su religión.

En la escena nacional, esas pugnas se aglutinan, por ahora, alrededor de tres temas que han coincidido temporalmente: la fecundación in vitro, las uniones civiles entre personas del mismo sexo y las píldoras anticonceptivas poscoitales.

La secuencia. El 15 de marzo del 2000, la Sala IV declaró inconstitucional un decreto de 1995 que regulaba los procedimientos de la fecundación in vitro en Costa Rica. Su principal argumento fue que esa práctica reproductiva atenta “contra la vida humana” y, por tanto, violenta la Constitución.

Por ese fallo, el país enfrenta una justificada denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El pasado 28 de octubre se realizó, en Washing- ton, la audiencia sobre el caso. Cuatro días antes, el Tribunal Superior de lo Contencioso Civil y de Hacienda resolvió que la prohibición de la Sala solo se refería a una de las técnicas in vitro; es decir, que otras pueden ser legales.

El 23 de mayo de este año, también la Sala Constitucional declaró sin lugar un recurso que pretendía avalar la realización de matrimonios entre personas del mismo sexo.

Cerrado el camino judicial, representantes del movimiento Diversidad entregaron a dos diputados, el 4 de setiembre, un proyecto de ley para permitir las uniones civiles (no matrimonios) entre esas parejas. Actualmente lo estudia la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea. Ha recibido el apoyo de varios legisladores, de la ministra de Salud, María Luisa Ávila, y la defensora de los Habitantes, Lisbeth Quesada.

Sin embargo, ante gestiones de opositores al proyecto, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) autorizó, el 4 de noviembre, que comience la recolección de firmas para realizar un referendo sobre el tema. La discusión sobre las píldoras anticonceptivas de emergencia se reactivó desde que, por iniciativa de la ministra Ávila y diputados de casi todos los partidos, la Comisión de Asuntos Sociales comenzó a tramitar una reforma a la Ley General de Salud, para que, entre otras cosas, la Caja pueda distribuirlas. Al menos uno de sus miembros, Guyón Massey, de fuerte convicción evangélica, ha dicho que se opondrá intensamente, mientras el liberacionista Fernando Sánchez anunció que se guiará “por los dictámenes de la Iglesia Católica”.

Cuatro mensajes. Al analizar las tres iniciativas y las posiciones o prohibiciones alrededor de ellas, quedan de manifiesto cuatro aspectos esenciales:

Primero, en todos los casos estamos ante iniciativas que buscan depositar en los individuos decisiones ligadas a su integridad personal, sus opciones y convicciones de vida, y tratar que el Estado reconozca sus derechos de decisión o relación.

Segundo, los cambios que proponen son relativamente modestos, si se comparan con lo alcanzado otros países. En la mayoría, la fecundación in vitro ni se discute, aunque sí se reglamente responsablemente, y la llamada píldora poscoital se considera como un anticonceptivo. En muchos, ya se ha pasado de las uniones civiles (algo básico para la convivencia civilizada) a matrimonios en plena regla entre homosexuales. Ejemplos: Uruguay, Sudáfrica, Canadá, España, Noruega, Bélgica, Holanda, Buenos Aires, México y unos pocos estados de Estados Unidos y Brasil.

Tercero, en Costa Rica las realidades son elocuentes: quienes tienen dinero van a otros países a practicarse la fecundación asistida; existen infinidad de parejas del mismo sexo, pero sin suficientes derechos o marginadas socialmente, y las píldoras del “día después” se consiguen y se tragan sin mayor dificultad.

Finalmente, los argumentos contra esas tres iniciativas, lejos de fundamentarse en un análisis realista de los hechos, de la dinámica psicosocial, la evidencia científica o las libertades personales de los adultos, se asientan en convicciones religiosas, en prejuicios y hasta en una “doble moral”, que accede a cierta tolerancia siempre que los hechos se mantengan ocultos: el típico miedo a la verdad pública.

Libre y regulada. La fecundación in vitro debe permitirse porque, lejos de ser un mecanismo para “destruir vidas”, es un procedimiento para que parejas con dificultades reproductivas puedan concebirla.

Cuando la Sala IV la declaró inconstitucional, no aportó ninguna evidencia científica sólida para demostrar que la destrucción de embriones en etapas incipiente de desarrollo, a menudo asociada con su práctica, atente contra la vida.

Contrario a lo que afirmaron entonces cinco de los siete magistrados, un embrión no es una “persona humana”. La diferenciación celular que permitiría, con adecuada base biológica, adjudicarle ese carácter a los embriones, solo se da varios días después de la fecundación del óvulo. Es válido creer lo contrario; lo indebido es dictaminarlo desde estrados judiciales.

Por ello, la resolución fue un ejercicio de imposición de convicciones religiosas y personales al resto de la sociedad; peor aún, a parejas que, sin dejar de ser religiosas, interpretan de manera diferente la doctrina. Se convirtió, así, en una restricción extrema y sin sustento objetivo contra la libertad individual, y en una discriminación contra las personas sin recursos, que no pueden tomar un avión para ejercer su derecho en otra parte.

Quizá el trámite de la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la sentencia del Tribunal Superior de lo Contencioso logren, como mínimo, reabrir la discusión racional sobre el tema; como máximo, deberían conducir a revisar la resolución de la Sala IV y al diseño de normas modernas y sensatas, que permitan reanudar la fecundación in vitro en los hospitales públicos y privados.

Uniones y familias. Una discusión realista y respetuosa en torno a las uniones civiles entre personas del mismo sexo es en extremo difícil, porque a los factores religiosos se unen prejuicios ancestrales. Además, al autorizar la recolección de firmas para un posible referendo, el TSE abrió la caja de Pandora para un debate plagado de emotividad y distorsiones.

Nada garantiza que el trámite legislativo del proyecto para las uniones civiles evite el tremendismo argumental. Sin embargo, al menos existirán mayores posibilidades de una participación debidamente reglada de quienes sustentan distintas posiciones, así como la posibilidad de interrogatorios a profundidad. De aquí la importancia de que los diputados más lúcidos avancen con rapidez por esa ruta, para resolver el tema antes de un posible referendo que contaminará peligrosamente la discusión.

Las uniones civiles darían una necesaria base jurídica a realidades humanas ya existentes, y a decisiones de personas adultas que, en ejercicio de su autonomía, han optado por un determinado estilo de vida, sin daño a terceros. Además, lejos de debilitar nuestro tejido social, lo reforzarán.

Por las discriminaciones y la negación de sus derechos, a menudo los homosexuales son empujados a la marginalidad, el ocultamiento, la frustración y hasta las prácticas sexuales de alto riesgo, en perjuicio propio y de los demás. La intolerancia, no importa de qué se disfrace, es uno de los mayores enemigos de la convivencia. Las uniones civiles no resolverán el rechazo o la intransigencia, pero los disminuirán sensiblemente. Incluso, y aunque parezca paradójico, podrán reforzar el concepto de estabilidad familiar en nuestra sociedad.

El año pasado, en Costa Rica hubo 24.168 matrimonios (solo poco más de la cuarta parte por la Iglesia) y 10.312 divorcios. Ante esta situación, ¿no sería un mensaje sumamente positivo que parejas del mismo sexo, hasta ahora forzadas jurídicamente a uniones de hecho, opten por legalizar sus vínculos; es decir, que apuesten seriamente por el tipo de núcleo de convivencia cuya crisis tanto preocupa? Desde una perspectiva religiosa hay derecho a responder negativamente. Pero ese derecho termina cuando se intenta imponer a quienes piensan y optan de manera distinta.

Píldora en uso. La oposición a los anticonceptivos poscoitales tiene aún menor fundamento. Está demostrado científicamente que esas pastillas, simplemente, inhiben o hacen más lenta la liberación del óvulo; por ello, previenen la fertilización si se ingieren 72 horas después de la relación sexual. Después de la fecundación son ineficaces. Es decir, no tienen, ni por asomo, carácter abortivo.

El problema es que si alguien, a partir de su religión, considera que cualquier anticonceptivo potcoital implica aborto, nadie lo convencerá de que esas píldoras no “atentan contra la vida”. De nuevo, la respetable libertad de pensar así no implica el derecho a vetar la práctica.

Lo verdaderamente preocupante, y que ese procedimiento podría reducir, es que cerca del 40% de los embarazos anuales no son deseados, que muchos (alrededor de 15.000) se dan entre adolescentes y que, según cálculos de la Asociación Demográfica Costarricense, en el 2007 hubo 27.000 abortos inducidos.

Afrontar estas realidades desde los prejuicios o las prohibiciones basadas en la religión no conducirá a nada positivo. Cerrar los ojos a los hechos es una pésima receta.

Apertura y oxígeno. Costa Rica necesita oxigenar y racionalizar la discusión sobre temas que solo recientemente han comenzado a salir del subsuelo. Para lograrlo, es necesario abandonar prejuicios y ubicar la variable religiosa allí donde pertenece en una sociedad abierta: en el ámbito de las convicciones personales, no de las decisiones legislativas o judiciales.

Si lo logramos, podremos desarrollar formas de convivencia y relación acordes con el carácter esencialmente humanista, civil, liberal y tolerante de nuestra sociedad.

Si, en cambio, sucumbimos a la tentación de los prejuicios y las imposiciones, nos precipitaremos en la intransigencia que conduce a las “guerras culturales”. Ya estamos peligrosamente cerca.

  • Comparta este artículo
Opinión

“Guerras culturales” ticas

Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico.

Ver comentarios
Regresar a la nota