Cuatro eventos políticos sacudieron al PLN la semana pasada: la exoneración de un estudio ambiental a la petrolera Mellon; la supuesta responsabilidad del anterior presidente ejecutivo por el descalabro de la CCSS; el depósito de un cheque millonario efectuado por el exregulador general; y la posibilidad de que la oposición, unida, lo derrote en las próximas elecciones.
René Castro siempre defendió el ambiente, sobre todo en la oposición. Pero la exoneración del estudio ambiental a una transnacional para explorar petróleo lo desdice. Nadie se ha atrevido a sugerir, que yo sepa, si se debe investigar si con Mellon corrieron los melones (algo más que un simple juego de palabras). Si el decreto lo hubiera firmado un Gobierno de oposición, se le habrían lanzado a cuchillo.
Eduardo Doryan incrementó la planilla de la CCSS, concedió jugosos beneficios por horas extras y disparó los gastos (no lo digo yo, lo dice un editorial de La Nación). Tampoco le puso coto ni trató de arreglar las cosas. Se deterioró la sostenibilidad del IVM y se abultó el déficit en enfermedad y maternidad. Al salir dijo tranquilamente: aquí paz y después gloria. Y al ser nombrado en el ICE agregó que no haría despidos ni socadas de faja, a pesar de que su predecesor alertó del sobrante de miles de plazas.
El pago a la familia del anterior regulador me recuerda una polémica pasada. Aunque nada tiene de ilegal, no es ético. Por un descuido de la ley se permite a su familia contratar con el Estado y brindar asesorías al Gobierno y sus instituciones (Fuce). Y eso, claro, se podría prestar para suavizar su voluntad, aunque no haya sucedido. La oposición, ahora en control de la Asamblea, debe reformar la ley. Y eso nos lleva a la última sacudida.
Liberación no ha demostrado ser buen administrador ni ha actuado siempre con suficiente transparencia. ¿Cómo puede ahora pedir mayores cuotas e impuestos si se excedieron en el gasto? Un cambio sería saludable para la democracia. Según Unimer, la oposición tiene una buena oportunidad. La mayoría apoya al directorio legislativo y vería con agrado un candidato único. Algunos le recomiendan actuar con sagacidad. No le conviene –dicen– desgastarse en una convención ni insistir en ninguno de los candidatos tradicionales, que podrían ir al Congreso, y que cada partido mayoritario proponga un hombre nuevo, limpio y capaz como don José Joaquín, aceptable a los demás. Tres en total: uno sería el candidato presidencial, designado al azar, y los otros serían primero y segundo vicepresidentes. Todos los partidos estarían representados y, quizás, harían la reforma del Estado que necesita Costa Rica.
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