Opinión

EDITORIAL

Fin del monopolio de seguros

Actualizado el 28 de abril de 2008 a las 12:00 am

 Doble beneficio para la libertad: libertad empresarial y libertad del consumidor para elegir

 Parte importante de la nueva legislación es la creación de la Superintendencia de Seguros

Opinión

Fin del monopolio de seguros

Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico.

El jueves pasado fue aprobado en primer debate el proyecto de ley que permite la ruptura del monopolio de seguros en Costa Rica, vigente durante 84 años. Para que se convierta en ley, deberá todavía ser aprobado por la Asamblea Legislativa en segundo debate, por una mayoría calificada, y cumplir los demás trámites previstos en la Constitución. Instamos respetuosamente a los diputados a completar su aprobación lo más pronto posible. Si lo hicieren, pronto podrán los costarricenses tener acceso a otras fuentes aseguradoras nacionales e internacionales donde poder escoger. De la competencia, solo buenas cosas pueden salir.

La apertura contemplada en el proyecto no es una rendición ante la iniciativa privada ni desprotege del todo al Instituto Nacional de Seguros (INS). Esta institución se mantendrá como agente dominante en el mercado, pues no solo preservará su exclusividad en la venta de seguros al Estado, sus instituciones y empresas públicas –privilegio que no tendrán las aseguradoras particulares–, sino que mantendrá con exclusividad por un tiempo, hasta el 2011, la comercialización de los denominados “seguros solidarios”, como la cobertura obligatoria para la conducción de vehículos automotores. Además, se le exoneró de una serie de cargas financieras y rigideces administrativas que le consumían tiempo y recursos y le habrían restado competitividad ante el advenimiento de otras empresas en el mercado.

En adelante, no tendrá el INS que observar lo dispuesto en el 46 de la Ley Nacional de Emergencias, que impone a las instituciones y empresas públicas la obligación de aportar el 3% de sus utilidades y superávit al Fondo Nacional de Emergencias. Eso lo ubica en un plano de mayor igualdad frente a la eventual competencia. Tampoco estará obligado a cumplir con el pago de cuotas a organismos internacionales que adeuda el Estado, y dejará de contribuir con el Fideicomiso para la protección y fomento agrario para pequeños y medianos productores. En los últimos años, esa contribución significó una erogación de ¢22.000 millones.

La apertura del mercado de seguros no significa que cualquier empresa nacional o extranjera podrá irrumpir en el mercado costarricense por la libre, ofreciendo la venta de seguros sin ninguna regulación estatal. Parte fundamental de la legislación aprobada es la creación de la Superintendencia de Seguros, adscrita al Banco Central. Esa institución será financiada en parte por las mismas empresas aseguradoras para garantizar la contratación de personal competente y tendrá que cumplir una función esencial para la protección de los asegurados. Todos los participantes en el mercado tendrán que someterse previamente a trámites iniciales de inspección y verificación por parte de la superintendencia para obtener una licencia y garantizar que tienen suficientes recursos y conocimientos técnicos para brindar el servicio. Además, tendrán que mantener en todo momento un capital mínimo necesario para poder operar ($3.000.000), un capital mayor ($10.000.000) para reasegurar a otros, y cumplir con las reservas técnicas necesarias para garantizar a los asegurados que siempre tendrán recursos suficientes para hacer frente a las prestaciones correspondientes. Desde ese punto de vista, estamos satisfechos con lo previsto en la legislación.

El proyecto aprobado puede evaluarse desde distintos puntos de vista. En el plano político, es muy positivo poder preservar una institución importante en manos del Estado, que presta un servicio esencial. Pero más importante aún es permitir que otras empresas privadas, nacionales o extranjeras, puedan coadyuvar con ese esfuerzo y ofrecer similares servicios a los usuarios costarricenses, según diferentes –y, quizás– mejores términos y condiciones. Desde el punto de vista de la libertad, conlleva un doble beneficio: libertad empresarial para poder emprender esa actividad y libertad para los consumidores de poder escoger al proveedor que les ofrezca los mejores términos y condiciones. Desde la óptica de la regulación, hay garantías de que se protegerán los intereses del público. Y desde el punto de vista económico, el mercado se profundizará y fortalecerá con la participación de un número mayor de empresas aseguradoras, sembrando la semilla de un mejoramiento en la calidad y precio de los servicios.

Reiteramos lo dicho por La Nación en ocasiones anteriores: ningún monopolio es bueno, ni siquiera en manos del Estado. Por eso, felicitamos a los diputados que le dieron su aprobación, y a los demás los instamos respetuosamente a efectuar un ejercicio crítico de valoración en pro del interés nacional, con base en estos comentarios.

  • Comparta este artículo
Opinión

Fin del monopolio de seguros

Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico.

Ver comentarios
Regresar a la nota