Nuestra flota pesquera, la del Pacífico y la del Caribe, está penetrada por actividades ilegales. Semana de por medio caen pesqueros ticos hasta el hacha de cocaína, aquí o en países vecinos; además, grupos empresariales están metidísimos en el negocio de las aletas de tiburón. Era previsible que una actividad largamente deprimida como la pesquería cayera en malos pasos. De ella depende una población pobre y abandonada que malvive en trabajos riesgosos, presa fácil del dinero rápido y sin preguntas.
Por mucho tiempo, el atraso de nuestras costas fue una especie de anécdota para la sociedad vallecentralina tica: si había progreso en el centro del país, algún día llegaría a los litorales. Así, dejamos huérfanas zonas y poblaciones enteras. Sin embargo, lo que el país no dio a los litorales, oportunidades de empleo y bienestar, hoy se los dan el narco y los contrabandistas. El precio de tener una infra-Costa Rica en las costas, que son las llaves de nuestro extenso mar territorial (diez veces más grande que el resto del país), fue la emergencia de un serio problema de seguridad nacional: actores ilegales con base social, tanto o más fuertes que nuestro propio Estado en esas zonas.
Incopesca, la entidad pública a cargo del fomento y regulación de la pesquería, ha sido parte del problema y no de la solución. Tomada su junta directiva por empresas pesqueras a las que supuestamente tenía que regular, el instituto ha sido sordo y ciego con el contrabando de aletas de tiburón. Solo la presión de los ambientalistas lo ha hecho moverse un poco, pero siempre arrastrando las patas. Y, para rematar, el manejo clientelista del subsidio de combustible a la flota pesquera, terminó en paradoja: lanchas narcos subsidiadas con recursos públicos. Todo como para enmarcar con luces de neón.
Tenemos una torta marca diablo entre manos. Una flota podrida, narcos y contrabandistas empleando poblaciones y una terrible debilidad institucional en nuestras costas y mar territorial. Entonces, claro, no nos queda otra que encomendarnos al patrullaje de los gringos, que tienen su propia agenda. Aunque Incopesca debe ser limpiado, el problema rebasa a esta institución. El desarrollo costero responsable es prioridad nacional: se requerirán alianzas público-privadas para fomentarla y así arrebatarles a los dueños de las sombras el control que hoy tienen sobre vastísimas zonas de nuestro marino país. Nota final: por meses tuve problemas con el correo electrónico de esta columna. Mis excusas a todos los que escribieron y recibieron la callada por respuesta. A todos responderé, con el compromiso de que mi nota les llegue antes de que el MOPT arregle la “platina”.
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