EscucharEl día 16 de febrero 2011, el señor José María Rico publicó un artículo acerca del consumo de drogas y su relación con la criminalidad que, por su importancia, considero necesario complementar. Como se señala en la publicación, la mayoría de las personas que son drogodependientes no son delincuentes; sin embargo, muchas de las personas que delinquen consumen drogas.
En un estudio realizado por el IAFA en el Centro Juvenil Zurquí el 70% de los adolescentes refiere consumir drogas, principalmente marihuana y crack y un 33% de estos considera que este fue un factor que influyó en el acto criminal. Otro estudio en población adulta privada de libertad informó de que un 25% de los delitos fueron cometidos bajo los efectos de la sustancia, un 22 % para conseguir la droga y un 50% por ser parte de un grupo de narcodistribución.
Aunque la sustancia psicoactiva no es causa de la conducta violenta, funciona como desinhibidora a nivel cerebral y facilita el acto. También la necesidad imperiosa por consumir, denominada por los clínicos de habla inglesa “craving”, causa en las personas comportamientos agresivos, para poder adquirirla.
Drogas y violencia. Golstein, en 1995, elaboró una teoría para explicar la relación entre la conducta violenta y el fenómeno de las drogas. Describe tres tipos de asociación: la violencia producto del narcotráfico o narcomenudeo, que es la más brutal, se asocia con asesinatos y ajusticiamientos, disputas territoriales entre traficantes rivales, eliminación de informantes. La segunda, producto de la farmacología propia de la sustancia, ya que algunos individuos se vuelven más excitables e irracionales. Como tercera explicación se presenta la criminalidad asociada a la consecución del dinero para comprar la droga, pues la tolerancia a nivel cerebral obliga a conseguir cada vez más cantidad.
El tratamiento del consumo problemático de drogas en poblaciones infractoras disminuye la reincidencia en el delito, por lo que en muchos países de Europa, en Estados Unidos y en Canadá, los programas de tratamiento, reducción de daño, rehabilitación e inserción social son parte de las medidas que se brindan a los privados de libertad.
La drogodependencia es una enfermedad crónica, al igual que la diabetes o la hipertensión arterial y la recaída, ya sea por abandono del tratamiento o por el mal manejo de factores ambientales, familiares o personales, es parte de la enfermedad. Mientras que a un diabético, que recae al abandonar la dieta o el tratamiento, se le ve como a un enfermo y es llevado a tratamiento a un centro de salud, al drogodependiente se le culpa, castiga, reprende y en muy pocos casos se le brinda la ayuda especializada para su recuperación.
Problema de salud pública. Esta concepción errada acerca de la recaída tiene su origen en el mito que concibe a la adicción como un “vicio” o un problema moral y a la recaída como una falla de la voluntad. En este mismo sentido se habla del fenómeno de las drogas como "un flagelo", "una plaga", sin reconocer que es un problema de desarrollo humano y de salud pública.
Para terminar, quiero expresar que en el artículo en cuestión, el señor Rico apunta que de acuerdo con la consulta nacional elaborada por PNUD, se “muestra la amplitud de programas dedicados al tratamiento de la drogadicción”. Esta referencia no se encuentra claramente establecida en la Política Integral y Sostenible de Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz Social (Polsepaz), ni tampoco se ajusta a otros diagnósticos, como el que fue realizado por Flacso en el 2010, que expresa consideraciones contrarias.
Un sistema de tratamiento exitoso debe contar con todos los dispositivos: tratamiento ambulatorio en todas las regiones del país, centros diurnos, centros nocturnos, unidades de desintoxicación, centros residenciales de corta, mediana y larga estancia, para población menor de edad, adultos hombres y mujeres, privados de libertad, y especialmente para los más vulnerables, situación que no se ajusta a la realidad costarricense.
Una adecuada organización de los servicios de atención debe garantizar la accesibilidad, con calidad y eficacia y el acceso oportuno para todos los habitantes, lo más cerca posible de su lugar de residencia, así como la consolidación de redes sociales y comunitarias que permitan la atención integral de las personas consumidoras y sus familias.
Por eso el Estado debe promover la coordinación interinstitucional y fortalecer al IAFA, como la organización de más experiencia, para que, junto con la CCSS, otras entidades de salud y las organizaciones no gubernamentales acreditadas y consolidadas, ofrezcan programas basados en evidencia científica, que logren disminuir los problemas asociados al consumo de drogas en Costa Rica.
