Opinión

Página Quince

Auge del populismo punitivo costarricense

Actualizado el 13 de agosto de 2009 a las 12:00 am

 Debemos reflexionar sobre si ese reclamo de seguridad a cambio de libertad, no es engañoso

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Auge del populismo punitivo costarricense

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El miedo al crimen existente en Costa Rica es motivado, en parte, por la inseguridad ciudadana existente, pero, también, agudizado por el tratamiento que les dan los medios de comunicación a las noticias sobre los hechos de la criminalidad común. Esta conjunción de factores ha llevado a un auge del populismo punitivo, entre cuyos actores principales están la prensa amarillista y los políticos, que actúan demagógicamente para mantener su caudal electoral; todo, en una competencia por demostrar cuál es el más duro con los delincuentes.

Criterios de sentido común. El populismo punitivo parte de que la problemática de la criminalidad debe resolverse conforme a criterios de “sentido común”, que no requieren de conocimientos especializados, pues son propios de todos los habitantes de la República. Bastan los conocimientos sobre la delincuencia y su combate poseídos por un ingeniero, un médico, un periodista, un taxista, un trabajador calificado, uno no calificado o un diputado. En consecuencia, se menosprecian los conocimientos de los llamados “expertos”, tales como criminólogos, trabajadores sociales, psicólogos, defensores de los derechos humanos, etc., que se hayan ocupado de la problemática de la criminalidad y hayan realizado investigaciones empíricas y jurídicas sobre ella.

Se parte de que esos “expertos” son culpables de los problemas de inseguridad ciudadana y hasta se les llega a atribuir una “complicidad” con los delincuentes, imputándoseles la condición de “defensores de los delincuentes”.

El populismo punitivo, con su apelación al “sentido común”, se expresa con gran simpleza, acudiendo a una serie de eslóganes, de fácil aceptación por el público: “se protegen los derechos humanos de los delincuentes, pero no los de las víctimas”, “los delincuentes entran por una puerta y salen por otra”, “los delincuentes están libres y la gente honrada vive bajo rejas”, etc.

Las soluciones propuestas también son simples: tolerancia cero, mano dura, penas mayores, mayor prisión preventiva, relativizar o eliminar los derechos procesales del imputado y con ello la presunción de inocencia.

Ninguna de esas posiciones se considera problemática, porque se piensa que son para “los otros”, para “los delincuentes”, de modo que el endurecimiento no tocará al ciudadano común, a ese que formula sus exigencias de acuerdo con el sentido común.

Cambio engañoso. Con todo, debemos reflexionar si ese reclamo de seguridad a cambio de libertad, no es más bien engañoso, porque cualquiera puede ser objeto de un proceso penal. Las garantías penales son el fruto de una larga tradición humanista y forman parte de la legitimación de un Estado Social de Derecho que solo así puede reclamar su superioridad sobre la delincuencia.

La víctima debe tener derechos en el proceso penal, pero su posición es diferente a la del imputado, en contra del cual puede llegarse a ordenar la prisión preventiva e incluso, en caso de sentencia condenatoria, la pena privativa de libertad.

Es necesario tener en cuenta que las garantías procesales de los imputados protege a todos frente a la arbitrariedad estatal. Si se eliminan, se eliminan también los límites al poder del Estado, y esa arbitrariedad nos puede tocar a nosotros mismos, como ocurrió con los regímenes autoritarios latinoamericanos cuyo eslogan fue, precisamente, la obtención de seguridad a partir del sacrificio de la libertad, pero llevaron a que se perdiera tanto la seguridad como la libertad.

El derecho penal debe existir, pero debe seguir siendo un bastión del Estado Social de Derecho, sin olvidar que la mejor política criminal es una buena política social, que es precisamente donde existe un gran déficit en las últimas décadas de auge del neoliberalismo.

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