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Abolicionismo, garantismo y populismo punitivo

Actualizado el 12 de enero de 2010 a las 12:00 am

 Frente a los extremos del abolicionismo y del populismo punitivo, se erige el garantismo

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Abolicionismo, garantismo y populismo punitivo

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El problema del aumento de la inseguridad ciudadana nos preocupa a todos. Todos queremos que haya menos criminalidad y eso nos lleva a la necesidad de buscar la prevención de los delitos.

Se ha desatado una campaña en contra del garantismo penal. Así se ha llegado a identificar el abolicionismo penal con el garantismo; esto, para desprestigiar a los que se dicen partidarios del sistema de garantías del derecho penal.

Frente a ello, debe decirse que el abolicionismo es una corriente criminológica que pretende la eliminación del derecho penal y con ello los medios de coerción física propios de este, incluida la pena de prisión. El garantismo penal, por el contrario, no pretende la eliminación del sistema penal, ya que reconoce la necesidad de este, aunque aboga porque en el sistema penal siga vigente un sistema de protección frente a la arbitrariedad estatal, ya sea de la Policía, del Ministerio Público o los tribunales.

Populismo punitivo. El garantismo no solamente se enfrenta con el abolicionismo, sino, también, con el populismo punitivo. Este último pretende la relativización o eliminación de las garantías penales, con la afirmación de que el problema de la criminalidad se debe simplemente a la permisividad y alcahuetería del sistema penal. Desde esta perspectiva, se ha tratado de desprestigiar el garantismo penal, al señalar que sus defensores repudian a las víctimas, que más bien les estorban.

En contra de este equívoco, debe decirse que el garantismo siente gran preocupación por la situación de las víctimas. Reconoce, por ello, la necesidad de protegerlas frente a la segunda victimización, de garantizar su protección física y de tutelar su derecho de participación en el proceso.

El garantismo reconoce que la posición de la víctima en el proceso es diferente a la del imputado, no debiéndose admitir que con la excusa de la garantía de los derechos de las víctimas, se trate de restringir, en contra del debido proceso, los derechos de los imputados.

El populismo punitivo critica el sistema penitenciario progresivo, abandonado oficialmente en Costa Rica desde aproximadamente 1993, indicando además que el sistema penal no rehabilita a los condenados. Sin embargo, esto refleja los problemas que presenta el sistema penitenciario, agudizados por el hacinamiento carcelario. Claro está, no se soluciona la reincidencia con la acentuación sin límite alguno de ese hacinamiento y con la difusión de la idea de la privación de libertad como un mero depósito de personas. No debe olvidarse que la obligación de orientar el sistema penitenciario a la rehabilitación es una exigencia del derecho internacional de los derechos humanos.

Proporcionalidad. Se ha criticado, además, el principio de mínima intervención, catalogándolo como una expresión del abolicionismo. Sin embargo, se trata de un principio que es consecuencia del principio de proporcionalidad, de larga tradición dentro del Estado de Derecho, según el cual el Estado debe actuar de la manera menos gravosa que sea adecuada para la obtención de los fines públicos perseguidos.

Igualmente se critican las soluciones de justicia restaurativa como la conciliación, dejando de lado que uno de los aspectos fundamentales detrás de estas soluciones es la protección de los intereses de las víctimas, porque permite la reparación en delitos que no son de gravedad. La justicia restaurativa de ninguna manera, contrario a lo que se ha difundido, pretende la abolición del sistema penal. Así lo reconoce la declaración de principios de justicia restaurativa en derecho penal, impulsada por las Naciones Unidas como expresión del principio de intervención mínima en delitos de escasa gravedad.

El populismo punitivo hace descansar totalmente su esperanza en disminuir la criminalidad con el endurecimiento del sistema penal. Para ello señala que no requiere de ningún estudio empírico para demostrar la efectividad de la propuesta de mano dura, pues basta la sapiencia obtenida con el sentido común que poseen todos los ciudadanos. Por el contrario, el garantismo penal reconoce que el derecho penal debe existir, pero admite que la prevención del delito se logrará primordialmente por medio de una buena política social, que desarrolle los principios del Estado Social, lo que exige el estudio de las causas sociales de la criminalidad y proponer las soluciones.

En definitiva, frente a los extremos del abolicionismo y del populismo punitivo, se erige el garantismo, como la corriente que rechaza tanto el anarquismo propiciado por el abolicionismo, como también el autoritarismo defendido por el populismo punitivo. Lo que debemos discutir es si aún queremos seguir siendo regidos por los principios del Estado de Derecho, ya que el garantismo es sinónimo de dicho Estado.

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