Pasadas las siete de la mañana, en los vagones del tren que viaja desde Heredia hacia la Estación del Atlántico en San José, los pasajeros se apretujan unos con otros. Esa travesía cotidiana toma 30 minutos y cuatro escalas hasta el destino final. La mayoría de los días, mezclado entre la muchedumbre, va Ronald Chacón rumbo a su trabajo, en la sede central del Tribunal Supremo de Elecciones.
Quizás a nadie en ese vagón atestado se le ocurriría pedirle un autógrafo; darle un apretón de manos; menos, fotografiarse con él. Este administrador de empresas, contador público y padre de ocho hijos es uno más entre la multitud que, de lunes a viernes, se desplaza hacia su trabajo o centro de estudio.
Sin embargo, tener a su cargo la Dirección de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) lo coloca en el vértice de la fiscalización sobre el manejo de los dineros que las agrupaciones políticas utilizan en campaña. Las auditorías que Chacón y su equipo emprendieron dejaron al descubierto el turbio manejo que los partidos hacen de la “caja registradora”.
El trabajo más fuerte para él comienza después de la fiesta electoral. Tras semanas de propaganda, discursos encendidos, plazas públicas, gritería, banderas y carros cargados de votantes, llega el momento de saldar cuentas con el Tribunal. Ganadores y perdedores se acercan para reclamar su tajada de la contribución estatal que financia la campaña política, un monto de casi ¢17.000 millones en las elecciones del 2010.
Aunque para Ronald Chacón tal oficio no le era desconocido pues, cuando fue funcionario de la Contraloría General de la República, participó en la liquidación financiera de varias campañas, reconoce que las anomalías detectadas en los últimos comicios presidenciales resultaron más graves de lo que creía.
“Debo confesarle que la experiencia que había desarrollado en los procesos de liquidación del 2002 y el 2006 me hacían pensar que me iba a encontrar algunas nebulosas, y no digo pocas; pero lo que sí le puedo decir es que no creí encontrarme la cantidad de nebulosas ni la magnitud, de las que vine a toparme en el 2010”, relata.
En su casa de habitación, construida frente a una calle marginal sin pavimentar, en San Pablo de Heredia, el hijo de Humberto Chacón y Lourdes Badilla narra cómo escaló desde un puesto administrativo en una empresa avícola, pasando por una estancia de casi 20 años en la Contraloría General de la República, hasta ocupar, en abril del 2010, su actual posición en el Tribunal.
Al mando de un equipo de 53 personas, este funcionario coordina la revisión minuciosa de decenas de portafolios tipo Ampo que se forman en fila sobre anaqueles. En las entrañas de cada carpeta está la materia prima: facturas, recibos, libros contables aportados por los partidos para demostrar los gastos hechos en campaña.
%%control:RevistaDominicalProyectorArticle?%%
De allí saltan verdades, mentiras y omisiones financieras de la campaña electoral, que a la fecha, dejan como balance general unos 30 casos en investigación por posibles irregularidades en la gestión de los dineros, además de siete denuncias ante el Ministerio Público contra miembros del Movimiento Libertario, Liberación Nacional , Renovación Costarricense y el Partido Acción Ciudadana.
Chacón hace cuentas rápidas para calcular la gravedad del problema con la gestión financiera: Los casos remitidos al Ministerio Público rondan los ¢2.000 millones de la contribución estatal y el Tribunal autorizó a los partidos un giro de ¢14.000 millones (de los ¢17.000 millones presupuestados en el 2010). “Estamos hablando de que esos ¢2.000 millones son alrededor del 15% de la contribución estatal, lo cual es un porcentaje realmente representativo”.
Reflejo chocante
Con la reforma del Código Electoral en el 2009 , la labor de fiscalizar las finanzas de los partidos pasó de una simple revisión de gastos a cargo de la Contraloría General de la República, a un ejercicio de auditoría financiera estricto , ejecutado por una dependencia especializada adscrita al TSE.
El cambio rindió frutos a los pocos meses. Las primeras auditorías pusieron en evidencia lo turbio y alambicado del manejo financiero de los partidos políticos. Aunque los artilugios y posibles faltas que se investigan son variados, el común denominador en la mayoría de casos son los intentos de inflar los gastos para reclamar una porción mayor de los fondos públicos.
{^SingleDocumentControl|(AliasPath)/2012-12-02/RevistaDominical/Articulos/RD02-RONALDCHACON/RD02-RONALDCHACON-summary|(ClassName)gsi.gn3quote|(Transformation)gsi.gn3quote.RevistaDominicalQuoteSinExpandir^}
“Hemos sentido que en materia específica de revisión de gastos e ingresos, algunos partidos políticos han puesto al Tribunal a atajar penales”, dice Chacón, y agrega que la tolerancia de los partidos políticos a esta fiscalización más estricta no llega todavía a un punto óptimo. Parafrasea a Luis Antonio Sobrado, presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, cuando afirma que la fiscalización sobre financiamiento se convirtió en un espejo para los partidos políticos: “... y parece que hay cosas en ese espejo que no les gusta, pero la culpa no es del espejo”, concluye.
Sentado en uno de los sillones en la sala de su casa, un aposento provisto con el mobiliario apenas necesario, este hombre mide con cautela sus palabras para no caer en juicios de valor. Su entorno y conversación delatan a alguien de gustos sencillos y fuertes arraigos: su abuelo, sus padres, el pueblo de San Pablo donde creció y el lugar donde trabaja. Le tocó nacer en San José, un Lunes Santo hace 44 años. Pero después de eso, asegura con cierto dejo de orgullo, no volvió a salir de San Pablo.
Los fines de semana toma su bicicleta rumbo a las montañas de San Rafael de Heredia y comparte tiempo con sus hijos. “Me casé la primera vez a los 19 años y a partir de ahí he sido bendecido ocho veces”, comenta después de recitar los nombres, edades y ocupaciones de toda su prole.
Es de esas personas a quienes el sector público le marcó la vida en varias dimensiones. Cursó la primaria en la Escuela José Ezequiel González Vindas de San Pablo; la secundaria, en el Colegio Mario Vindas Salazar, y luego obtuvo su bachillerato en Administración en la Universidad Nacional. Salvo un breve paso por la empresa privada, su carrera profesional se forjó en la Contraloría y en el Tribunal. “Siempre he estado en el sector público. Soy un enamorado del sector público”, asevera.
Esqueletos en el armario
La creatividad financiera de los partidos políticos para justificar gastos de campaña comenzó a salir hacia la luz pública pocos meses después del cierre de las presidenciales del 2010, y se reveló en variedad de formas y magnitudes.
“Hay casos en los que nos encontramos un contrato donde se dice que se la paga a la persona equis un millón de colones; está el cheque con el que se pagó ese millón de colones, pero resulta que cuando se conversa con el proveedor del bien o servicio respectivo, nos dice una de dos: o del todo no prestó ese servicio, o el pago que percibió no fue de un millón, sino un porcentaje de esa cantidad”, explica Chacón.
De esa manera, por ejemplo, se investigó en el 2011 al partido Movimiento Libertario por un cobro de ¢210 millones al Tribunal para pagar 194 charlas de capacitación política, cuyos instructores negaron haberlas dictado y varios de los supuestos participantes rechazaron haberlas recibido.
En Liberación Nacional 90 dirigentes fueron denunciados ante la Fiscalía General en mayo pasado tras considerarse que cobraron, dentro de sus gastos de campaña, ¢400 millones por contratos aparentemente simulados de alquiler de automóviles.
En octubre, el Partido Acción Ciudadana también fue acusado ante la Fiscalía pues, en los comprobantes de gastos de la pasada campaña, incluyeron rubros que presuntamente no se cobraron y contratos con firmas falsas.
{^SingleDocumentControl|(AliasPath)/2012-12-02/RevistaDominical/Articulos/RD02-RONALDCHACON/RD02-RONALDCHACON-REC2|(ClassName)gsi.gn3quote|(Transformation)gsi.gn3quote.RevistaDominicalQuoteSinExpandir^}
Para detectar las inconsistencias, Chacón y su gente desarrollan investigaciones que pueden tardar hasta un año, procesos de auditoría que implican revisar informes de gastos por montos que, en algunos casos, sobrepasan los ¢1.000 millones, donde se verifican las cuentas, papel por papel.
Su trabajo es tocarle el bolsillo a los partidos políticos y él está claro de que ese es un grupo que tiene la epidermis muy sensible , aunque cuando se le pregunta si ha sido blanco de algún tipo de intimidación, responde que siempre ha tenido conversaciones con diferentes actores del campo político, todas ellas en un marco de respeto. “En todo caso, alguna intimidación o presión no nos va a doblegar o sacar del rumbo”, asegura.
El Chacón optimista espera que en la próxima campaña los partidos sean más estrictos y apegados a las normas cuando manejen su liquidación de gastos. Los cambios al Código Electoral comenzaron a regir muy cerca de las elecciones anteriores y eso significó que las agrupaciones procedieran con “un cierto nivel de inercia”.
Casi siempre regresa a su casa en el tren que sale de San José hacia Heredia pasadas las 6 de la tarde. “La faena es larga. Hay mucho trabajo: el caso de transportes de Liberación, el caso de la sociedad ‘Laura hacia el 2010’, el caso de la cuenta de servicios especiales del PAC. Tenés lo que se está presentando en elecciones municipales y, en general, más de 30 casos en procesos de investigación... Ocho horas nunca van a alcanzar”.