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Ríos Montt: Malos tiempos para el mal

Actualizado el 14 de abril de 2013 a las 12:00 am

El proceso por genocidio contra el general Efraín Ríos Montt era imposible, pero está sucediendo. Luego de DECENIOS DE IMPUNIDAD, Guatemala da visos de ser un país dispuesto a lavar sus heridas. ¿Cómo sucedió lo imposible?

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                Efraín Ríos Montt,  de 86 años de edad, fue presidente de facto  en 1982 y 1983. AFP
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Efraín Ríos Montt, de 86 años de edad, fue presidente de facto en 1982 y 1983. AFP

Lucrecia Molina Theissen lloró en su oficina en Los Yoses el 25 de enero pasado; lloró “como una loca”. Ese día se enteró de que el expresidente de facto guatemalteco, Efraín Ríos Montt, enfrentaría un juicio público por genocidio contra los indígenas de la etnia ixil , cometido entre 1982 y 1983.

“Creí que tendría que vivir unos cien años para ver algo como esto. Es realmente insólito, porque el poder de estos personajes era absoluto”, dice Lucrecia, cuya familia fue víctima de la violencia de Estado en Guatemala. Su hermano Marco Antonio, de 14 años de edad, fue víctima de desaparición forzada en 1981, y ella, junto a su familia, huyó del país en 1984 temiendo por su propia seguridad.

En semanas pasadas, testigo tras testigo ha narrado las atrocidades cometidas por el ejército contra la etnia ixil durante aquellos años, mientras los partes de prensa regalan el rostro ceniciento de un general que se ha mantenido mudo durante el proceso.

El juicio contra Ríos Montt y su jefe de inteligencia militar, José Mauricio Rodríguez Sánchez, es un hecho histórico, y está lejos de ser un golpe de suerte para los denunciantes. Estas audiencias son un punto brillante de un larguísimo y enredado camino de transformación en la justicia y la memoria en Guatemala.

Viejo y nuevo país

Ríos Montt ejerció el poder de facto por 17 meses, durante los cuales sus soldados intensificaron una campaña de “tierra arrasada” en el altiplano maya. Esta estrategia había sido iniciada por su predecesor Fernando Romeo Lucas García en 1981 para expulsar a las guerrillas de izquierda.

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) registró en un informe publicado en 1999 que, durante los años de la guerra civil en Guatemala (1960-1996), el 81% de las graves violaciones a los derechos humanos se cometieron durante 1981 y 1983. Este récord convirtió a Ríos Montt en el símbolo de la represión en su país, pero también del genocidio (83% de las víctimas identificadas por la CEH eran indígenas).

El exgeneral también fue el mejor ejemplo de cómo los altos mandos supieron blindarse políticamente para mantenerse alejados de los tribunales. Su última táctica fue la de convertirse en legislador, puesto mediante el cual gozó de inmunidad hasta enero del 2012.

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No obstante, 30 años después de que se cometieran las masacres en el altiplano maya, el ambiente político y judicial guatemalteco había tenido transformaciones fundamentales.

El escritor Francisco Goldman publicó en el 2007 una extensa investigación sobre el asesinato de monseñor Juan José Gerardi ocurrido en 1998. Aquel caso, junto con el del asesinato de la defensora de derechos humanos Myrna Mack , fue uno de los antecedentes más importantes para hacer a los militares responsables por sus crímenes, al menos parcialmente.

“Mientras el caso Gerardi se desarrollaba, se podía observar a dos generaciones enfrentadas. Tienes a estos jueces jóvenes, fiscales jóvenes, y a un montón de gente de la iglesia que está dispuesta a pelear, están peleando por algo que les ha sido prometido en Guatemala por al menos 60 años: instituciones occidentales funcionales, un sistema de tribunales que funcione”, declaró el escritor a la revista Bomb .

El analista legal guatemalteco y defensor de los derechos humanos David Dávila, afirma que en los últimos años se han creado mecanismos para fortalecer la independencia judicial. Además, en un hecho relacionado directamente con el caso de Ríos Montt, se formó una fiscalía especializada en violaciones a los derechos humanos, y se tipificó el delito de genocidio en el código penal.

Guatemala es el país con más sentencias internacionales en contra por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para Marcia Aguiluz, directora para la región mesoamericana del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional ( Cejil ), las presiones ejercidas por estos fallos marcaron un rumbo para los cambios recientes que debían ocurrir en Guatemala.

“Diferentes gobiernos se habían hecho de la vista gorda [con respecto a las sentencias], pero hace pocos años la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió un pronunciamiento en el que dijo que las sentencias de la Corte Interamericana eran autoejecutables, y que si la corte decía que se debía investigar, pues se investigaba”, explica Aguiluz.

En el 2011 y el 2012, seis militares fueron sentenciados con penas literalmente milenarias por crímenes contra la humanidad durante el conflicto armado. Aquellas sentencias solo se dictaron contra autores materiales de dos masacres pero, vistas en retrospectiva, anunciaban el enjuiciamiento de los presuntos autores intelectuales.

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El periodista Martín Rodríguez Pellecer, director del periódico digital Plaza Pública , rastrea el origen del momento histórico que vive Guatemala desde el otorgamiento del premio Nobel de la Paz a la líder indígena Rigoberta Menchú en 1992, hecho que puso los graves crímenes cometidos en Guatemala en el mapa internacional.

No obstante, más recientemente, el periodista identifica la entrada en funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala ( Cicig ), en el 2008, y el aceitado trabajo de la Fiscalía General de la República en los últimos años, como dos hechos que le dan a la ciudadanía una sensación de que, tal vez, los antiguos intocables ya no lo son más.

“En pocos países del mundo se puede tener en la ‘nómina de presos’ a un expresidente, a militares, a narcotraficantes..., y todo con pocas pérdidas de vidas”, opinó Rodríguez.

Arduo proceso

En la actualidad, ser operador de justicia en Guatemala sigue siendo un trabajo de altísimo riesgo. También lo es dedicarse a la defensa de los derechos humanos. Son frecuentes las denuncias de las organizaciones de la sociedad civil por los hostigamientos, amenazas y asesinatos contra activistas.

El viejo blindaje de los poderes represores se ha debilitado, pero no está roto.

Los defensores de los derechos humanos han recibido con indignación las declaraciones del secretario para la Paz, Antonio Arenales, y del propio presidente de la república Otto Pérez Molina, sobre la inexistencia de un genocidio en Guatemala.

“Esas afirmaciones dichas por los más altos cargos en el Ejecutivo, y en un momento en que se está juzgando a dos personas por ese delito, son incompatibles con la independencia judicial”, afirmó Marcia Aguiluz.

A diferencia de los procesos contra militares en Argentina, Aguiluz afirma que Guatemala sigue siendo una sociedad polarizada. “Los militares siguen teniendo un gran poder, tanto así que incluso hay un militar como presidente”, agregó.

A pesar de los obstáculos, las audiencias contra los generales llegan cuando el sistema judicial vive el mejor momento que cualquiera pueda recordar.

Todas las fuentes consultadas por la Revista Dominical señalaron que la fuerza detrás de las transformaciones en el país es la voluntad de las víctimas por obtener justicia.

“Es admirable el valor de las víctimas que, aún sabiendo los riesgos que corren al testificar, sigan con esa gran esperanza en la búsqueda de justicia”, reconoce David Dávila.

El analista dice que en el camino han sido fundamentales iniciativas independientes para documentar la magnitud de su sufrimiento, como el mencionado informe de la CEH, y la memoria Nunca más , elaborada por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, dirigida por monseñor Gerardi, y cuya publicación le costó su vida. La CEH determinó , por ejemplo, que en un 89% de las violaciones a los derechos humanos registradas hubo participación de fuerzas del Estado.

Rigoberta Menchú dijo a la agencia France Presse que el juicio contra Efraín Ríos Montt es un triunfo de los sobrevivientes de las atrocidades cometidas en la guerra civil.

“El juicio es el resultado de muchos avances, gracias a la fuerza y persistencia de las víctimas y de nuestros testigos”, dijo.

Desde Costa Rica, Lucrecia Molina Theissen dice sentirse infinitamente agradecida con estas víctimas que se han negado a renunciar.

“Es la gente más humilde de Guatemala, la más discriminada, y es la que está sosteniendo la dignidad de gente como yo, que también demando justicia. Ellos nos están señalando el camino con absoluta claridad”.

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