Luego de casi año y medio de intensas negociaciones, el 24 de abril del 2012, el Gobierno decidió sepultar el proyecto fiscal por el que tanto había luchado.
Esto lo hizo luego de conocer el fallo completo de la Sala IV sobre la inconstitucionalidad en el trámite del proyecto de Ley de Solidaridad Tributaria debido a dos errores en el procedimiento: extender en dos días el plazo para dictaminar la iniciativa sin permiso del plenario legislativo y no publicar en La Gaceta 53 modificaciones al proyecto original.
Este plan proponía transformar el impuesto de ventas en un impuesto al valor agregado, lo cual implicaba gravar gran cantidad de servicios que actualmente están exentos, y establecer una tarifa de 15% sobre casi todas las rentas, entre ellas los intereses de los depósitos bancarios.
El plan, originalmente, generaría recursos equivalentes a un 2,5% de la producción en un momento en el cual el Gobierno había terminado el 2010 con un déficit del sector público equivalente al 5,3% del producto interno, el más alto desde 1994 y el mayor de América Latina. Tras arduas negociaciones y cambios, el monto final que se iba a recaudar era apenas del 1,5% de la producción, pero ni eso se logró.
Días antes de enterrar el proyecto, y ante los retrasos que este sufría, la presidenta Laura Chinchilla anunció una serie de medidas, que se convirtieron en el “plan B” entre las que se incluía la factura electrónica y el llamado a los diputados para aprobar varios proyectos de ley, entre ellos, el que le permitía al Gobierno vender en el mercado internacional hasta $1.000 millones en bonos al año.
La predicción del Gobierno sobre las consecuencias de no aprobar el plan se cumplió. El Gobierno advirtió que las tasas de interés subirían debido a que el Ministerio de Hacienda requeriría más recursos.
La tasa básica, que se usa de referencia para préstamos, pasó de 9,25% a inicios de abril a 11% a inicios de octubre, lo cual implicó aumentos en las cuotas de pago de unas 400.000 operaciones de crédito.
El incremento generó que la presidenta de la República, Laura Chinchilla, llamara la atención de los bancos públicos y, tras este llamado y con la venta de bonos en el mercado internacional, las tasas descendieron de nuevo a niveles similares a los de octubre.
Con los paliativos, el déficit del sector público no financiero al menos se contuvo. Para este año, la estimación es que termine en un monto que represente un 5,8% de la producción, igual al del 2011, con lo cual sería el tercer año consecutivo con un déficit superior al 5%, lo cual sigue alimentando la carga de la deuda pública.
Patricia Leitón