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El fantasma del fraude electoral en Costa Rica

Actualizado el 02 de febrero de 2014 a las 12:00 am

Elecciones. La adulteración de la voluntad popular ha sido la excepción, no la norma

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El fantasma del fraude electoral en Costa Rica

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Por Navidad, Santa Claus regala la Presidencia a Cleto González. Caricatura aparecida en el periódico 'El Látigo' el 24 de diciembre de 1927. Imagen: Iván Molina para LN.

Después de las elecciones de febrero de 1928, el Partido Republicano, que postuló a Carlos María Jiménez a la presidencia, publicó un manifiesto dirigido a los costarricenses. A lo largo de sus 87 páginas, formuló 170 acusaciones de fraude electoral, en las que denunció mayoritariamente a diversas autoridades por favorecer al Partido Unión Nacional, cuyo candidato, Cleto González Víquez, ganó esos comicios.

Según ese folleto, el fraude electoral fue generalizado y total, por lo que el triunfo de González Víquez representó “la victoria del oro, la injusticia y la violencia”. Además, criticó fuertemente la reforma electoral de 1925-1927, decisivamente impulsada por el presidente Ricardo Jiménez, que estableció el voto secreto.

Con respecto a dicha reforma, el opúsculo cuestionó sus principales innovaciones institucionales: el Registro Cívico y el Consejo Nacional Electoral. En relación con el voto secreto, denunció que “ha sido una nueva arma poderosa puesta en manos de los que han ofrecido oro por sufragios o han hecho sentir a los pobres la tiranía del capital […]. Arroyos de oro, ríos de oro, corrieron desde los Bancos […] hasta los últimos rincones de la patria […]. La propaganda del cletismo quiso que el país entero asumiera el aspecto de un inmenso garito, que sus ciudadanos parecieran una falange de tahúres, y la Presidencia […] una cuantiosa parada o un gigantesco albur”.

El énfasis anterior se explica porque, aunque el folleto mencionó algunos casos de coacción sobre los votantes por parte de las autoridades y de algunos patronos, su planteamiento principal fue que González Víquez ganó las elecciones porque dispuso del apoyo del capital para corromper al electorado mediante la compra de votos.

En algunos casos, los sufragios fueron comprados con licor, comida y ropa; en otros, los ciudadanos vendieron el voto a cambio de patentes de licor, materiales de construcción y terrenos. Según el opúsculo, cuando fueron vendidos en efectivo, los votos alcanzaron precios entre un mínimo de 2 y un máximo de 200 colones por sufragio.

Sistematización. Ahora bien, una vez que las denuncias formuladas en el folleto son sistematizadas, los resultados que se obtienen no respaldan las graves acusaciones del Republicano. En efecto, el manifiesto objetó los comicios efectuados en menos de la mitad de todos los cantones en que se dividía el país en 1928.

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Consideradas las acusaciones en términos distritales, la cobertura espacial se reduce todavía más ya que solo fueron impugnadas las votaciones efectuadas en la cuarta parte de todos los distritos. Al analizar las denuncias por juntas receptoras de votos, resulta que el cuestionamiento afectó únicamente al 11 % de esas juntas.

Finalmente, no se impugnaron todos los sufragios recibidos por aquellas juntas: en casi el 90 % de los casos, el número de votos objetados fue inferior a 20 sufragios. Con un promedio de 105 votos por junta, las acusaciones del Partido Republicano –en el supuesto de que todas hayan sido ciertas– supondrían que sólo fue fraudulento uno de cada cinco votos recibido por las juntas.

En pocas palabras: mientras que, en las elecciones de 1928, el Partido Unión Nacional aventajó al Partido Republicano por 13.105 votos, el Republicano imputó como fraudulentos un máximo aproximado de ¡1.600 sufragios!

Denuncias. Las detalladas descripciones de actos fraudulentos contenidas en el folleto permiten diferenciar las acusaciones según si se denunciaba un fraude efectivamente cometido o solo la intención de realizarlo.

Nuevamente, una sistematización de esas informaciones demuestra que casi la mitad de todas las denuncias planteadas se relacionaban con supuestos intentos de fraude más que con prácticas fraudulentas efectivamente cometidas, lo que reduce aún más el número máximo de votos objetados.

Por último, algunas de las acusaciones se referían a situaciones relacionadas con inconsistencias formales que por sí mismas no evidenciaban la perpetración de fraude: juntas que supuestamente no fueron integradas de la manera debida, documentación electoral a la que le faltaba una firma, o mesas que fueron ubicadas en lugares inapropiados según el Partido Republicano.

De esa manera, aunque el folleto procura dejar la impresión de que el fraude en los comicios de 1928 fue generalizado y total, la sistematización de los datos relacionados con las acusaciones demuestra que, si hubo prácticas fraudulentas, fueron limitadas y no influyeron en el resultado general de las elecciones.

Lejos de ser una excepción, acusaciones como las planteadas por el Republicano eran frecuentes después de cada elección realizada en Costa Rica durante la primera mitad del siglo XX.

En una época en la que no existían las encuestas electorales, la denuncia de prácticas fraudulentas permitía a los partidos derrotados descalificar la victoria de sus rivales; además, les evitaba asumir la cuota de responsabilidad que les correspondía por haber perdido; por último, les abría la posibilidad, si alguna de sus acusaciones tenía éxito, de anular votos contrarios y mejorar su desempeño en las urnas.

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Ciertamente, se cometieron fraudes en las elecciones del período 1901-1948; pero, una vez que se sistematizan las acusaciones, los resultados –con pocas excepciones relevantes– se asemejan a lo ocurrido en 1928: la mayoría de las denuncias se relacionaban con fallas de tipo formal, y la proporción de votos impugnados era muy reducida.

Desconfianza. La racionalidad asociada con la denuncia del fraude electoral persistió en Costa Rica durante los decenios de 1950 y 1960, pero tendió a desaparecer a partir de 1970, en buena parte debido al nuevo papel desempeñado por las encuestas, a la credibilidad creciente ganada por el Tribunal Supremo de Elecciones, y a la renovación del electorado: nuevas generaciones de ciudadanos cada vez más distantes de la cultura política conformada en la primera mitad del siglo XX.

En la década del 2000, el desencanto creciente de la ciudadanía con los partidos políticos y con el sistema democrático contribuyó a que se reactivase la memoria colectiva asociada con la cultura electoral del período anterior a 1950.

Dicho proceso fue favorecido por la polarizada campaña electoral del 2006: la ínfima diferencia a favor del Partido Liberación Nacional en los comicios de ese año (1,1 %) originó un nuevo ciclo de denuncias de prácticas fraudulentas, que se extendió al resultado del referéndum realizado en el 2007 para definir si se aprobaba el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.

Los estudios efectuados por Ronald Alfaro Redondo demuestran que las inconsistencias electorales no afectaron los resultados de las votaciones del 2006 y del 2007; no obstante, en algunos sectores persiste la creencia de que esos procesos fueron fraudulentos.

El Partido Republicano se dedicó en 1928 a desacreditar la institucionalidad asociada con la reforma electoral que estableció el voto secreto; de igual modo, quienes consideran que el fraude fue decisivo en las votaciones del 2006 y del 2007, han procedido de manera similar con respecto al Tribunal Supremo de Elecciones.

Promover desconfianza con base en el fantasma del fraude electoral es una iniciativa tan irresponsable –por su efecto corrosivo sobre las instituciones democráticas– como lo fue aquella que, mediante un memorándum, proponía empujar a la ciudadanía por los caminos del miedo.

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